Recientemente, en el marco de los esfuerzos de reforma policial, se ha creado un Departamento de Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional dominicana. Este hito representa un intento decidido de romper con un pasado marcado por críticas relacionadas con violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Según argumenta Luigi Ferrajoli en su teoría del garantismo, la función de las instituciones públicas, especialmente aquellas que ejercen el uso de la fuerza, debe estar subordinada estrictamente al respeto de los derechos fundamentales. Durante la Guerra Fría, en un contexto de confrontación ideológica global, mientras en otros países de la región las Fuerzas Armadas asumían la misión represiva, en República Dominicana esta responsabilidad recayó en la Policía Nacional. Este rol histórico ha dejado cicatrices profundas, configurando una percepción pública que asocia a la institución policial con prácticas represivas más que protectoras.
El establecimiento del Departamento de Derechos Humanos simboliza un compromiso explícito con la promoción y protección de la dignidad humana, un cambio urgente para restaurar la confianza ciudadana y redefinir la esencia de la función policial. De acuerdo con Norberto Bobbio, una sociedad democrática no puede concebirse sin instituciones que actúen como garantes efectivos de los derechos humanos, no solo en su formulación teórica, sino también en su aplicación práctica. Este nuevo paradigma no debe limitarse a ser un símbolo; debe traducirse en acciones transformadoras que fortalezcan el papel de la Policía Nacional como garante de los derechos fundamentales y, por ende, como una institución clave para la consolidación del Estado constitucional.
La policía es la primera línea de contacto entre el Estado y sus ciudadanos. Su función principal de garantizar la seguridad pública debe ejercerse bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto absoluto por los derechos humanos. Esto no solo significa actuar dentro de los márgenes de la ley, sino también abrazar una ética institucional que coloque la dignidad humana como eje central de cada acción. Esto implica prevenir el delito y proteger la integridad de cada persona, incluyendo a los propios miembros de la institución. Un cuerpo policial que internalice los valores de los derechos humanos, como señalaba Hannah Arendt, puede convertirse en una fuerza no solo reguladora, sino también emancipadora, al proteger el espacio público para la coexistencia democrática.
En una democracia sólida, la policía no es solo un agente del orden, sino también un defensor activo de los valores democráticos. Su rol trasciende lo operativo; representa un puente entre el Estado y la ciudadanía, en el que la justicia y la equidad son los pilares de la interacción. Esta interacción requiere, como lo señaló John Rawls, que las instituciones públicas actúen con imparcialidad y transparencia, fomentando la confianza mutua como requisito indispensable para la estabilidad social.
Una policía respetuosa de los derechos humanos contribuye directamente a la construcción de un espacio democrático en el que los ciudadanos se sientan seguros y empoderados. Su capacidad para mediar conflictos y proteger a los grupos más vulnerables fomenta una sociedad más inclusiva, cimentando la confianza en las instituciones y el respeto por la ley.
El reto de la reforma policial es monumental, pero también es una oportunidad única para redefinir el rol de la Policía Nacional en el fortalecimiento del Estado constitucional y la democracia dominicana. A través de un compromiso profundo con los derechos humanos, puede transformarse en una institución que inspire confianza y orgullo. Este proceso no solo mejorará la seguridad, sino que también consolidará una sociedad más justa, equitativa y democrática.
La función policial encuentra su fundamento en el respeto pleno a los derechos humanos, principios esenciales de cualquier sociedad democrática y del Estado de derecho. Más allá de su papel en la preservación del orden público, la policía tiene el deber de proteger la dignidad humana, asegurando que cada acción esté regida por los valores de legalidad, proporcionalidad y justicia. Luigi Ferrajoli resalta que la legitimidad de las instituciones no depende únicamente de su capacidad operativa, sino de su compromiso profundo con la salvaguarda de los derechos fundamentales. Solo a través de un respeto auténtico y permanente por los derechos humanos, la policía puede erigirse como una institución confiable, capaz de fortalecer los valores democráticos y cohesionar el tejido social.
El autor es abogado, magister en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD.
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Por: Juan Manuel Morel Pérez.