RESUMEN
JERUSALÉN.– El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, provocó una nueva ola de controversia al calificar como “justa, apropiada y correcta” la ley que promueve la pena de muerte para palestinos, pese a las críticas que la consideran incompatible con el derecho internacional.
El funcionario sostuvo que la normativa refuerza la disuasión, evita futuras liberaciones y aumenta la seguridad de los ciudadanos israelíes. En un mensaje difundido en la red social X, afirmó que quienes intenten destruir al Estado de Israel “no vivirán para contarlo”.
Ley bajo escrutinio internacional
La legislación, aprobada recientemente por el Parlamento israelí, establece la imposición automática de la pena capital a palestinos de Cisjordania ocupada que cometan asesinatos con la intención de negar la existencia del Estado israelí. La condena sería dictada por tribunales militares, lo que ha encendido alarmas en organismos jurídicos.
De acuerdo con el derecho internacional, aunque la pena de muerte no está completamente prohibida, su aplicación debe ser excepcional, discrecional y tras garantizar juicios justos. La imposición automática de la condena contradice estos principios fundamentales.
Cambios que eliminan restricciones
Ben Gvir destacó que la nueva ley elimina obstáculos previos: ya no se requiere la intervención del Fiscal General, ni la presencia de jueces de alto rango, ni unanimidad en los fallos judiciales. Según el ministro, estas modificaciones hacen viable una medida que antes era difícil de aplicar.
Asimismo, defendió el endurecimiento de las condiciones para los palestinos detenidos, asegurando que la ley “cambia las reglas del juego” al enviar un mensaje contundente a quienes intenten cometer ataques.
Rechazo de organizaciones y posible freno judicial
Diversas organizaciones legales y de derechos humanos han impugnado la normativa ante el Tribunal Supremo de Israel, alegando que se trata de una legislación discriminatoria y contraria a principios básicos de humanidad.
Entre los grupos denunciantes se encuentran Adalah, el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), HaMoked, Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) y Gisha. Estas entidades sostienen que la ley constituye una “negación total del derecho a la vida” y fomenta castigos crueles con motivaciones de venganza.
Acusaciones de discriminación racial
Los críticos también subrayan que la norma introduce un trato desigual: mientras se facilita la imposición de la pena de muerte a palestinos mediante tribunales militares, se establecen condiciones más estrictas que prácticamente impiden su aplicación a ciudadanos israelíes, incluidos colonos en territorios ocupados.
El futuro de la ley dependerá ahora del fallo del Tribunal Supremo, en medio de una creciente presión internacional y un debate que vuelve a poner en el centro la legalidad y la ética de las políticas de seguridad en la región.
