RESUMEN
Claro que me sorprendió el anuncio de la Procuraduría General de la república, relativa a la investigación penal que ordeno en lo atinente a las “apropiaciones” de las áreas protegidas de nuestro país.
Y evidente que la tome con escepticismo, siempre que la acción no este respaldada por la firme decisión del primer mandatario de la nación.
Innecesario hurgar en la historia para determinar que las ocupaciones y posterior” titulación” de áreas bajo el régimen de protección tienen el denominador común de un personaje con rango, vigente o en retiro, que utiliza su ejercicio para imponer su voluntad sobre los bienes públicos, sean áreas protegidas o no.
Los casos son harto conocidos, y ha sido muy pobre la actuación sobre ellos, logrando la devolución del bien usurpado y que incluso han logrado su titulación, legal o no.
Pero es de justicia destacar que no solo los funcionarios con rangos, sean vigentes o en retiro, son los que ocupan las propiedades públicas. Existen mafias organizadas dependientes de familias con nombradía y vividores de la política que operan a lo interno de las instituciones que deben velar por esos patrimonios y hacen lo contrario.
Y funcionarios que, prevalidos de sus cargos, descaradamente echan hacia atrás decisiones correctas que buscan restituir esas áreas protegidas a manos del estado. Pero siempre han contado con la complicidad revestida de “apatía o ignorancia”, del gobernante de turno.
Los casos son múltiples y están a la vista de quien las quiera ver o recordar.
Basta recordar que, en la administración de Francisco Domínguez Brito en el Ministerio de Medio Ambiente, se ejecutó parcialmente el desalojo de ocupantes ilegales del parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo). Solo la vertiente norte se afectó, pues el encargado siguiente Ángel Estévez, desbarato con los pies todo lo logrado e incluso alentó la siembra en esa área protegida.
Pero si esa acción fue funesta, lo que siguió le puso la tapa al pomo. Algunos de los ocupantes desalojados, migraron hacia áreas como La Culata y Yaquesillo (ambas en la provincia de La Vega) devastando extensas áreas de las cuencas hidrográficas de ríos tan importantes como Yaque del Norte, Tireo y Yuna (aunque este último nace en la provincia Monseñor Noel.
Lo ocurrido en El Paraguas, nacimiento de la cuenca del rio Tireo, es de antología. Pero no solo la cuenca alta se afectó, todo el bosque de galería de ese rio fue echado abajo y hoy escuchamos reclamos de que las riberas deben ser “protegidas” con gaviones para que no continúe “comiéndose ‘las fincas en su trayecto.
Preguntar por quiénes son los dueños de los sembradíos y la destrucción en esas cuencas altas, siempre tendrá la respuesta de “el general fulano de tal”.
El generalato, los apellidos sonoros y los politiqueros son responsables, junto a los que, gobernando, se hicieron los chivos locos, de cuanto hoy padecemos.
Ojalá que el presidente de la República este respaldando la acción de la procuradora general de la república y pueda hacer lo que se ha propuesto en relación al robo de nuestras áreas protegidas y las zonas públicas que deben ser recuperadas.
POR JOSÉ ERNESTO DEVAREZ / Email: devarezredactor@gmail.com
*El autor es periodista y educador. Fundador de la Sociedad Ecológica del Cibao, analista en programas de radio y productor de programas de televisión en materia ecológica.