Es al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a quien más le puede convenir la aprobación y puesta en práctica de esta importante norma, no sólo por el momento que vive el sistema de partidos políticos en toda Latinoamérica, también por el compromiso histórico que tiene el nacimiento de esta organización con el pasado y presente de los dominicanos como nación.
Tiene una gran oportunidad y ventaja el PLD y sus legisladores para contribuir con la aprobación de esta ley, ya que las circunstancias actuales y futuras le pueden favorecer, con la existencia de una oposición dividida de cara a las próximas elecciones en 2020, igualmente demostrar que se pueden ganar elecciones sin contribuciones ilícitas ni recursos del Estado.
Reitero, el momento es el más oportuno también porque es el partido gobernante, tiene mayoría en el Congreso y es la organización política con el mayor número de miembros, con posibilidad de seguir gobernando después del 2020.
Ya el 2019 será un año pre electoral, es importante que una ley de tanta jerarquía para el fortalecimiento del sistema de partidos, sea aprobada fuera de cualquier coyuntura de elecciones municipales, congresuales o nacionales.
Con el inicio este próximo 27 de febrero 2018 de una nueva Legislatura Ordinaria y la libertad dada por el Comité Político del PLD a sus legisladores, existe una mayor posibilidad para la aprobación de esta ley orgánica, que debe contar con el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras, de los cuales el PLD y aliados cuentan con más de 120 votos favorables, de 127 que se necesitan para aprobar la ley. O sea, no debe haber más dificultades.
La ley que se apruebe tiene que ser un instrumento eficaz, que contribuya con la democracia, especialmente con la democracia interna en todos los partidos, que impida el narco financiamiento, el uso de recursos públicos o privados y contribuciones no reguladas en las campañas electorales, que no sólo beneficie los particulares intereses de las diferentes agrupaciones políticas, sino que también nos permita avanzar como sociedad.
La política en nuestro país debe recuperar su dignidad y razón social para quienes estén, realmente, dispuestos a ejercer esta vocación. Existen debilidades institucionales en nuestras organizaciones políticas que se reflejan, por ejemplo, en cómo las cúpulas hacen acuerdos y toman decisiones, a espalda y sin tomar en cuenta la opinión ni el sentir de sus respectivas bases o mayorías.
A lo interno de nuestros partidos políticos, el disentir está relegado, y puede inclusive ser el disidente sujeto de expulsión. En el caso de algunas organizaciones políticas, cuando se encuentran gobernando, la consecuencia puede ser también la pérdida del empleo, si el disidente ostenta un puesto en el tren gubernamental. Esto sucede a pesar de ser la disidencia la base de la democracia en partidos políticos que se atribuyen dicha cualidad.
Luego de promulgada esta ley, los árbitros electorales, tendrán el reto de dar seguimiento, con el debido celo, a la aplicación de lo establecido, evitando entre otros vicios, el tráfico de influencias y el clientelismo, hayan o no primarias abiertas, cerradas o simultaneas.