EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – El Colectivo HaitianosRD pidió este miércoles que se realice «una investigación criminal» tras la muerte de un haitiano el 10 de abril en el sector Villa La Fe, en Verón, provincia La Altagracia, tras «inconsistencias» en la versión original de la Dirección General de Migración (DGM) que aseguró que el hombre cayó después de saltar del tercer piso de un edificio para evitar su arresto durante un operativo contra la migración irregular.
Se trata de Constant Laventure, de 42 años, quien «fue arrojado del techo de un edificio residencial», según «denuncia de testigos», precisó el Colectivo en un comunicado en el que no identifica a estas personas.
De acuerdo con la DGM, la víctima intentó escapar saltando desde un inmueble a otro, pero, según lo precisado por dicho grupo, «no hay otro edificio cercano a la edificación de tres pisos desde cuyo techo cayó Laventure y el punto de impacto está aproximadamente un metro de distancia de la pared del edificio residencial».
«Las estructuras más cercanas son un muro que deslinda un solar y a una distancia mayor una vivienda con techo de zinc, no existe el supuesto edificio mencionado por la DGM», añadió.
Asimismo, afirmó que «en el caso de que hubiera saltado, la altura de aproximadamente diez metros del edificio podría haberle causado fracturas en las extremidades inferiores, así que el impacto mortal correspondería con mayor probabilidad a que Laventure haya sido empujado o lanzado desde el techo, no a un salto».
«Las incoherencias y comprobadas falsedades en la versión oficial indican que es necesaria y urgente una investigación criminal por el presunto asesinato» de Laventure, quien trabajaba en una de las construcciones hoteleras de Verón-Punta Cana, continuó el Colectivo.
Por ello, exigió que se investigue el caso «de manera expedita y se sancione tanto a sus ejecutores directos como a sus superiores jerárquicos», al tiempo que pidió el cese de «las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, abusos sexuales y demás crímenes perpetrados por las autoridades» contra los indocumentados.
El pasado 6 de abril, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en su país «marcharse voluntariamente» o, de lo contrario, «serán buscados y repatriados», como parte de una serie de medidas para enfrentar la inmigración irregular desde el vecino Haití, sumido desde hace años en una crisis en todos los niveles.
Esta decisión, señaló este miércoles el citado colectivo, «aumenta las violaciones a la Constitución y tratados internacionales suscritos por el Estado dominicano».
En octubre pasado, el presidente Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos.
Desde que se tomó esta medida, según datos oficiales, más de 180,000 haitianos en situación irregular han sido deportados a Haití, pese a los llamados de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.
