RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Solicitan al presidente Luis Abinader la apertura de una mesa de diálogo y negociación con diez compañías y personas físicas que denuncian que el Estado dominicano mantiene una deuda superior a 500 millones de pesos por concepto de obras civiles realizadas para distintas instituciones públicas en los años 1998, 2010 y 2012.
El abogado Luis Ricardo apeló a la conciencia del primer mandatario, bajo el argumento de que agotar las vías judiciales ha sido un camino largo y tortuoso para sus miembros, quienes, aseguró, el 90% han perdido su patrimonio, tienen edades avanzadas y enfrentan problemas de salud, luego de arrastrar deudas por hasta 28 años, acumulando intereses mientras esperan el pago del Estado.
“Estamos pidiendo al Estado, al presidente Luis Abinader que abra una mesa de negociación, pero con funcionarios que estén dispuestos a buscarle un abajadero legal a esto, porque no es justo. Nosotros tenemos un caso que, después de 15 o 16 años con una obra para el Ministerio de Educación, falleció y su familia, por indignación, decidió dejar eso así”, manifestó.
Precisó además que varios de sus clientes han sido objeto de embargos por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), debido a deudas que no han podido saldar precisamente porque el Estado se niega a indexar los montos adeudados, pese al tiempo transcurrido y consecuencia a pagarles.
Durante una entrevista en el programa “El Nuevo Diario AM”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el abogado denunció que el intento por recuperar la inversión realizada por estos contratistas ha sido una travesía muy largar, en la que el Estado ha violentado en más de una ocasión la Constitución y los derechos de estos ciudadanos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
(Ver programa).
Explicó que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 13-07, el Procuraduría General Administrativa tiene la función de defender al Estado en los tribunales, siempre que la institución pública involucrada no esté representada por abogados privados. Sin embargo, en la práctica las entidades se presentan con abogados privados y, al mismo tiempo, el procurador general administrativo también actúa en representación del Estado, lo que coloca a los ciudadanos en una situación de “fuego cruzado”.
“Lamentablemente, con honrosas excepciones, se enfrenta a un sistema judicial nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura que también es el Estado y que tienen temor de condenar al Estado”, expresó.
El jurista recordó además que la Ley de Presupuesto obliga a los incumbentes de las instituciones públicas a incluir en el presupuesto las deudas reconocidas una vez que han sido notificadas por los acreedores o sus abogados.
Sin embargo, afirmó, ha sido prácticamente imposible lograr reuniones con los incumbentes de las instituciones o con sus departamentos jurídicos para buscar una solución al problema, por esta razón se ve en la obligación de dirigir el llamado al primer mandatario de la nación.
“La misma ley tiene penalidades para el incumbente que no lo haga; sin embargo, en cada uno de nuestros procesos demandamos al incumbente de manera adicional, lo cuales lamentablemente el Tribunal Superior Administrativo en la mayoría de los casos descarta la incumbente”, señaló.
