RESUMEN
La República Dominicana vive uno de los momentos más dinámicos de su historia en materia de desarrollo inmobiliario. El crecimiento del turismo, la expansión urbana y el interés de inversionistas locales e internacionales han convertido al sector construcción en uno de los pilares de la economía nacional.
Sin embargo, detrás de este dinamismo existe un problema estructural que pocas veces se discute con la seriedad que merece: los prolongados tiempos para aprobar los permisos de construcción.
En muchos casos, tramitar los permisos necesarios para iniciar la construcción de un edificio puede tardar más de un año, e incluso acercarse a los 18 meses, dependiendo del municipio y de la cantidad de instituciones involucradas en el proceso. Esta realidad no solo retrasa proyectos, sino que afecta directamente la formalidad, la inversión y el precio final de la vivienda.
El peso de la construcción en la economía
El sector construcción es uno de los motores más importantes del crecimiento económico del país. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana, la construcción representa aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto de forma directa, pero cuando se consideran sus efectos indirectos en industrias relacionadas, su impacto puede alcanzar cerca del 15% del PIB nacional.
Además, el sector genera más de 400,000 empleos directos e indirectos, lo que lo convierte en uno de los grandes dinamizadores de la economía dominicana.
Con estos números sobre la mesa, resulta difícil entender cómo un país donde la construcción tiene un peso tan importante en la economía puede permitirse tener procesos de aprobación de proyectos tan largos y complejos.
Cuando el tiempo se convierte en costo
El retraso en los permisos no es solo un problema administrativo; también tiene consecuencias financieras importantes.
Especialistas del sector estiman que un retraso de un año en el inicio de un proyecto puede incrementar los costos entre un 10% y un 20%, debido a factores como la inflación en materiales de construcción, el costo del financiamiento y los ajustes en la mano de obra.
En los últimos años, materiales como el acero, el cemento y otros insumos han registrado incrementos acumulados que superan el 20% en los últimos cinco años, lo que significa que cada mes perdido en trámites burocráticos puede afectar seriamente la planificación financiera de un proyecto.
Al final, estos costos terminan trasladándose al comprador final, encareciendo el acceso a la vivienda.
Un freno real a la inversión
Pero el impacto más preocupante de esta situación es otro: la inversión que el país deja de recibir.
La permisología excesivamente lenta genera incertidumbre tanto en desarrolladores como en inversionistas. Muchos proyectos simplemente no llegan a ejecutarse porque los inversionistas temen quedar atrapados durante años en procesos burocráticos sin plazos claros.
En un país donde el crecimiento inmobiliario ha sido clave para el desarrollo económico, esta realidad resulta contradictoria.
Los inversionistas necesitan previsibilidad. Necesitan saber cuánto tiempo tomará aprobar un proyecto para poder planificar su capital y su retorno.
Cuando esa respuesta es incierta, el capital comienza a mirar hacia otros mercados.
Una realidad que vivimos los constructores
Quienes trabajamos en el sector construcción conocemos muy bien esta realidad. Muchas veces, cuando un cliente se acerca con la intención de desarrollar un proyecto y nosotros le explicamos que primero debemos tramitar todos los permisos, ocurre algo muy revelador: la expresión del cliente cambia inmediatamente.
La ilusión inicial de construir se transforma en preocupación.
No porque el cliente no quiera hacer las cosas bien, sino porque sabe que ese proceso puede convertirse en un camino largo, incierto y costoso.
Esa reacción refleja un problema que ya está instalado en la percepción del mercado: la permisología se ha convertido en un obstáculo que genera miedo en muchos inversionistas.
La paradoja de la formalidad
Lo más preocupante es que este sistema termina castigando precisamente a quienes desean hacer las cosas correctamente.
Los desarrolladores que cumplen con estudios de suelo, diseños estructurales, normativas urbanísticas y permisos ambientales deben atravesar múltiples instituciones, revisiones técnicas y procesos administrativos que muchas veces no tienen tiempos definidos de respuesta.
Mientras tanto, en diferentes zonas del país siguen apareciendo construcciones informales que no cumplen con esos mismos estándares.
Cuando la formalidad se vuelve más complicada que la informalidad, el sistema necesita una revisión profunda.
Modernizar la permisología es una necesidad
El problema no es la existencia de regulaciones. Las normas son necesarias para garantizar ciudades seguras, organizadas y sostenibles.
El verdadero desafío está en la eficiencia del proceso.
La República Dominicana necesita avanzar hacia un modelo que incluya:
plazos claros de respuesta institucional
digitalización de los procesos de permisos
ventanillas únicas que integren las instituciones involucradas
revisiones técnicas simultáneas en lugar de procesos secuenciales
En muchos países, gracias a la tecnología y a la simplificación administrativa, los permisos de construcción pueden aprobarse en entre 30 y 90 días.
Construir el país también requiere construir confianza
Cada proyecto inmobiliario representa empleo, inversión, desarrollo urbano y oportunidades para miles de familias.
Pero para que ese crecimiento continúe, el país necesita garantizar que el sistema de aprobación de proyectos no se convierta en un obstáculo para el desarrollo.
En una economía donde la construcción tiene un peso tan importante en el crecimiento, permitir que los permisos tarden más de un año no solo retrasa edificios.
También retrasa inversiones, frena el dinamismo económico y genera temor en inversionistas que quisieran apostar por el país, pero dudan al enfrentarse a procesos burocráticos interminables.
Modernizar la permisología no es solo una mejora administrativa.
Es, sin duda, una decisión estratégica para el futuro del desarrollo económico y urbano de la República Dominicana.
Por Joan Feliz