EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- No se vislumbra en el horizonte, al menos a la fecha de hoy, que finalmente se obtengan consecuencias penales en el caso de los sobornos de 92 millones de dólares que Odebrecht admitió y reconoció públicamente que pagó a funcionarios en la República Dominicana a cambio de agenciarse importantes obras de infraestructura.
Acciones que se han producido en torno al caso así permiten proyectarlo, y pareciera que el acusador, el Ministerio Público, lleva a cabo una batalla en solitario, aunque con el respaldo de una sociedad que reclama castigo en este caso de corrupción.
Conforme pasa el tiempo, el tema de los sobornos millonarios va perdiendo vigencia y solo algunos eventos, como las actividades de la Marcha Verde, le devuelven cierto interés, momentáneamente.
Esta semana, la llegada al país desde el exterior de Bernardo Castellanos, el encartado número 14 en el expediente, permitió una nueva resonancia del caso Odebrecht.
El pronóstico de la magistrada Miriam Germán Brito, cuando al conocer la apelación de las medidas de coerción de los imputados, restó calidad al expediente, marcando un rumbo incierto del caso de corrupción más importante que se haya conocido en los tribunales dominicanos.
Desidia de los partidos
Al menos los dos principales partidos políticos no han dado señales de apoyar alguna acción que favorezca llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
Más bien, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) se esfuerzan en defender a sus dirigentes implicados en los sobornos, a contrapelo del reclamo vivo de la sociedad para que se castigue la corrupción y se termine con la impunidad.
Este caso en particular deja al desnudo a los partidos, y expone públicamente que una cosa es su discurso de campaña contra la corrupción y otra es la realidad en los hechos.
Esta misma semana, el PLD y el PRM, las dos organizaciones más tocadas por el tema Odebrecht, tomaron decisiones que no deja claro el interés que deberían tener para que en el caso de los sobornos aparezcan los culpables y que estos paguen por el delito.
En el caso del partido morado, su Comité Político decidió rechazar la licencia solicitada por tres de sus miembros encartados en el caso y los invitó a su próxima reunión.
Mientras el PRM, cuyo presidente Andrés Bautista es uno de los inculpados, ratificó al diputado Alfredo Pacheco, también imputado, como el vocero de la vacada perremeísta en la Cámara Baja.
Estas dos organizaciones mandan una señal confusa a una sociedad que si bien no espera que los partidos “sacrifiquen” a sus dirigentes, por lo menos que ejerzan algún tipo de imparcialidad en el tratamiento de un tema que precisamente mella seriamente la imagen y credibilidad del sistema partidario en la República Dominicana.
