RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) hizo un conteo de los avances y retrocesos que ha tenido el país este año en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la transparencia, la justicia, la equidad social y la gobernabilidad democrática.
A través de una nota de prensa, la institución considera que el 2025 deja un balance mixto: avances legales e institucionales importantes, pero también graves casos de corrupción, lentitud judicial, debilitamiento de los controles y profundas brechas sociales.
Participación Ciudadana insistió en que la lucha contra la corrupción debe trascender los discursos y traducirse en procesos judiciales oportunos, reformas estructurales profundas, transparencia efectiva y un fortalecimiento real del Estado de derecho, para evitar la reproducción de la impunidad y proteger los derechos fundamentales de la población.
Según la entidad, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dado a conocer a principios de 2025, mostró un avance de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, señaló que persisten desafíos importantes que no consolidan plenamente esos esfuerzos.
“La desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción, uno que vulneró un derecho fundamental como la salud. El caso Senasa quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano”, manifestó la organización.
Asimismo, indicó que este año hubo pocos avances en el procesamiento de los casos de corrupción que cursan en los tribunales, lo que incrementa las preocupaciones sobre la lentitud judicial y los intentos de que estos prescriban. Señaló que el Ministerio Público continúa su labor de persecución de la corrupción y que la sociedad dominicana mantiene su confianza en dicha gestión.
En el ámbito del Congreso Nacional, fueron aprobadas leyes importantes como el Código Penal y el Código Procesal Penal, que constituyeron avances. No obstante, la prensa y la sociedad civil tuvieron que enfrentar activamente intentos —en algunos casos exitosos— de sectores que buscan frenar reformas en materia de derechos ciudadanos, derechos de las mujeres, libertad de expresión y persecución de la corrupción administrativa.
Durante 2025, varios casos vinculados al Partido Revolucionario Moderno evidenciaron la penetración del narcotráfico en la política y en posiciones gubernamentales. La persecución del crimen organizado produjo logros relevantes y la sociedad civil continuó presionando por medidas efectivas de prevención y sanción para preservar la institucionalidad y la integridad del sistema político.
PC señaló que 2025 será recordado por el fatídico derrumbe, el 8 de abril, de la discoteca Jet Set, con un trágico balance de 236 personas fallecidas, cerca de 200 heridas y decenas de niños huérfanos. En su memoria, reclamó a las autoridades un proceso judicial imparcial y justo.
Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción reflejó una mejoría para el país a inicios de 2025, la ciudadanía continuó enfrentando una profunda desconfianza institucional, agravada por nuevos escándalos. El caso Senasa se consolidó como el hecho más grave del año, al evidenciar un entramado criminal que desvió más de RD$15,000 millones del sistema público de salud, afectando directamente a los sectores más vulnerables y vulnerando el derecho fundamental a la salud.
Más allá de las irregularidades bajo investigación, este caso evidencia el impacto directo que la corrupción puede tener sobre millones de ciudadanos que dependen del sistema público de salud para acceder a servicios médicos esenciales.
“La malversación, el uso indebido de recursos destinados a la salud, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria y la distribución de sobornos constituyen una forma de violencia social que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. El caso Senasa es un ejemplo de cómo, cuando la administración de los recursos de salud no se maneja con ética, transparencia y responsabilidad, las consecuencias no son solo financieras, sino humanas: vidas afectadas, tratamientos no otorgados y pérdida de confianza”, expresó la entidad.
PC espera que este caso no corra la misma suerte que otros de gran corrupción ventilados en los tribunales y subrayó la necesidad de un proceso con plazos manejados con propiedad y celeridad, que permita sentencias oportunas. Reiteró que las audiencias deben ser públicas, en virtud del derecho de la ciudadanía a estar informada y de la relevancia e impacto del caso, y llamó a modificar lo que sea necesario para garantizar esa publicidad, especialmente en procesos de corrupción.
Durante el año, el Ministerio Público procesó y logró condenas en varios casos de corrupción administrativa y crimen organizado, incluyendo la Operación 13, irregularidades en el Ministerio de Agricultura, tráfico ilícito de municiones en la Policía Nacional, redes de sobornos para suplir seguridad privada al Estado y el expediente del Intrant que involucra a altos exfuncionarios. Sin embargo, persiste la preocupación por la lentitud judicial, los constantes reenvíos y el riesgo de prescripción de los grandes casos.
La entidad afirmó que 2025 evidenció de forma alarmante la penetración del narcotráfico en la política, particularmente en estructuras del PRM. Casos de diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales vinculados al lavado de activos y al tráfico de drogas culminaron en condenas, extradiciones y procesos en curso, revelando el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles al financiamiento partidario.
Solo uno de los grandes expedientes concluyó juicio de fondo: el caso Alexis Medina y compartes, con condenas a personas físicas y jurídicas por un desfalco superior a RD$4,796 millones, aunque con penas consideradas insuficientes. Los casos Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero–Gonzalo Castillo–Peralta continuaron estancados por incidentes procesales, reenvíos y recusaciones, reforzando la alerta sobre la reproducción de la impunidad.
En materia de controles y reformas institucionales, se aprobaron instrumentos importantes como la nueva Ley de Contrataciones Públicas (47-25), la conformación de una nueva Cámara de Cuentas, avances en la digitalización de la Contraloría y la destitución de funcionarios por faltas administrativas. No obstante, el caso Senasa evidenció que los controles siguen siendo insuficientes y vulnerables.
En el ámbito legislativo también se aprobaron el nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal núm. 74-25, modernizando el marco jurídico penal e incorporando figuras como los ciberdelitos. Participación Ciudadana valoró estos avances, aunque lamentó la exclusión de las tres causales del aborto, manteniendo al país entre los más restrictivos del mundo en derechos reproductivos.
El Tribunal Constitucional emitió sentencias relevantes que fortalecen los derechos fundamentales, al derogar normas que vulneraban la intimidad, la vida privada y la libertad de tránsito, así como disposiciones administrativas que permitían impedimentos de salida del país sin orden judicial.
En materia de seguridad, la reforma policial avanzó en formación, salarios, tecnología y supervisión. La DNCD tuvo una actuación destacada en la incautación de drogas y la tasa de homicidios se redujo a 8.3 por cada 100,000 habitantes, por debajo del promedio regional.
Pese a una reducción del 29.8 % en los feminicidios, se registraron 49 casos y más de 57,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. La mayoría de los crímenes ocurrió en el ámbito doméstico, dejando decenas de niños huérfanos y evidenciando la urgencia de políticas preventivas y de protección más eficaces.
En el plano político-electoral, 2025 fue un año postelectoral relativamente estable. La JCE fortaleció el control de la campaña anticipada y avanzó en la preparación del nuevo documento de identidad. Se aprobó la Ley 39-25, que fortalece el Tribunal Superior Electoral, aunque generó preocupación la falta de transparencia en la designación pendiente de jueces de la Suprema Corte y la no ratificación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, pese a su reconocida trayectoria y a su elección como comisionada iberoamericana de Ética Judicial.
En el ámbito económico, PC indicó que la economía dominicana se desaceleró, con un crecimiento estimado cercano al 2 %, afectada por la incertidumbre global, restricciones fiscales y debilidades estructurales internas. Aumentó la inflación, se deterioraron servicios públicos y persistió la dependencia del endeudamiento, las remesas y la inversión extranjera. Aunque se registraron avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, estas siguen siendo elevadas y persiste la falta de reformas fiscales y estructurales clave.
En el contexto internacional, migratorio y de soberanía, el país mantuvo estabilidad política y reconocimiento internacional, con coordinación entre gobierno y oposición frente a la crisis haitiana. Sin embargo, 2025 no mostró avances sustanciales en política migratoria ni en la situación de Haití. Asimismo, acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico generaron preocupaciones sobre la soberanía nacional.
