RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La organización no partidista, Participación Ciudadana, destacó el jueves que la labor del Ministerio Público durante el 2021 ha demostrado que los fiscales pueden trabajar con independencia aunque se trate de casos que involucren a funcionarios activos y exfuncionarios.
“La labor del Ministerio Público durante 2021 ha permitido demostrar que los fiscales pueden trabajar con independencia, incluyendo casos de funcionarios activos, como los cinco expedientes de enorme proporción y relevancia que se han presentado este año”, expresa un documento en el que Participación Ciudadana pasa balance del año.
En ese sentido, la entidad citó la operación Antipulpo, con once imputados, encabezados por Alexis Medina, hermano del expresidente de la República Danilo Medina, la cual involucra fondos por más de cuatro mil millones de pesos; las nombradas Coral y Cora 5G, que envuelven al menos a cuatro generales, entre ellos los dos principales responsables de la seguridad del expresidente Medina, acompañados por al menos siete coroneles y otros militares, sobre todo de la Fuerza Aérea de República Dominicana. El caso involucra miles de millones de pesos.
Recordó la Operación Medusa, cuyo principal imputado y preso es el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a varios funcionarios que lo acompañaron en su gestión, acusados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
PC se refirió a la Operación Falcón, que involucra a 23 imputados, incluyendo varios militares de alto rango acusados de crear una extensa red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que manejó millones de dólares y traficó miles de kilos de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
También a la “Operación 13”, encabezada por el imputado Luis Maisichell Dicent, quien era administrador de la Lotería Nacional designado por el actual gobierno. Fue destituido y sometido a la justicia, acusado de un fraude en al menos un sorteo, por un monto superior a los 500 millones de pesos.
El organismo señaló que a pesar de “las promesas, las advertencias y el compromiso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción”, en este año varios funcionarios y funcionarias de su gobierno han sido acusados de manejo incorrecto y corrupción en la función pública.
Algunos casos, además del caso de la Lotería Nacional, están en manos del Ministerio Público para ser investigados, el de el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Instituto Postal Dominicano (Inposdom), anteriormente mencionado y el caso del Ministerio de la Juventud.
“Es importante consignar que el presidente Luis Abinader ha actuado de manera correcta en estos casos, suspendiendo o destituyendo a los funcionarios, pero también estos deben ser debidamente investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA). La destitución o suspensión no es un paliativo”, puntualizó Participación Ciudadana.
Asimismo, resaltó que al lograr la independencia del Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Gobierno se estableció como meta obtener el mismo resultado en la Cámara de Cuentas, en la Junta Central Electoral (JCE) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde se realizaron procesos de selección transparentes y bien conducidos.
Aumenta la confianza
La organización no partidista afirmó que las actuaciones del Ministerio Público contra funcionarios, militares y capos de la droga, reforzados ahora por las auditorías de la Cámara de Cuentas, las decisiones de Compras y Contrataciones y de la Contraloría General junto a la rápida destitución y puesta a disposición de la justicia de funcionarios del actual Gobierno han aumentado la confianza en que el país podrá superar el lastre de corrupción sin castigo.
“Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el último año han permitido mejorar los índices de República Dominicana en esta materia, como por ejemplo el índice 2021 de Américas Society/Council of the Americas y Control Risk, que mide la capacidad de 15 países latinoamericanos para combatir la corrupción (CCC)”, argumentó.
En esa línea, añade que “República Dominicana fue el país con mayor avance en esta materia, al mejorar de un 3.26% a un 4.38%, pasando del lugar 13 al 10, pero aún lejos del 7.80 obtenido por Uruguay, el país mejor ranqueado”.
Las anteriores valoraciones fueron ofrecidas en un documento facilitado a El Nuevo Diario, titulado “Participación Ciudadana presenta balance del año 2021”, en el que la institución se refirió a varios temas de interés nacional.
