RESUMEN
Aunque la oposición y los medios ya incluyen el tema de la violencia como munición de campaña para las elecciones de 2024, la realidad es que se trata de un tema que trasciende las inmediateces y particularidades grupales, con habas que se han cocido en todos los gobiernos de todos los partidos.
El documental “Trujillo después Trujillo”, presentado recientemente por El Nuevo Diario Films y la Presidencia de la República en Palacio, es una valiosa aproximación a las raíces de la violencia que durante décadas ha sacudido a la sociedad dominicana.
Y otro trascendente y bien documentado aporte al tema, sus implicaciones y mitigación nos lo hace el sociólogo Cándido Mercedes, profundo estudioso del tejido social dominicano y su comportamiento, en su ensayo “Estructura social, delincuencia/violencia y actores políticos”.
Ambos esfuerzos resaltan la preocupación que por años ha atemorizado a la sociedad dominicana, y que convertido hoy en una especie de peste mundial, se asoma en cada esquina, como podemos ver en las temerarias actitudes de personas de toda condición que nos llevan a estar ranqueados entre los países más peligrosos para la conducción de vehículos.
Otra expresión terrible de la violencia que engendra la inconciencia de los dominicanos son los feminicidios que estremecen frecuentemente el cuerpo social entero.
En el citado ensayo, Mercedes compila cifras del Observatorio de Seguridad del Ministerio del Interior y de Latinobarómetro en las que examina el comportamiento de los homicidios acaecidos en el país desde 1999 hasta lo que va del presente año.
A lo largo del período analizado fueron presidentes de la República Leonel Fernández (Partido de la Liberación Dominicana), Hipólito Mejía (Partido Revolucionario Dominicano), de nuevo Leonel Fernández, Danilo Medina (PLD) y Luis Abinader (Partido Revolucionario Moderno), en su mandato desde el 16 de agosto de 2020.
Hasta ahora, resaltan en un extremo los gobiernos de Fernández, en los que las tasas de muertes por homicidios promediaron 24%, y en el otro extremo, el primer año completo de Abinader, año 2021, donde esta tasa se ubicó en 11.72%. Sólo en plena pandemia, año 2020, se registró una tasa de homicidios de un dígito, 9%.
Tras aportar estas estadísticas de los últimos 20 y tantos años, Mercedes propone:
“La seguridad pública es un desafío de Estado, y por ende, de los gobiernos, sin embargo, es de toda la sociedad. Urge un contrato social, un pacto de agenda país”.
Quiere decir que todos tendremos que superar las agendas particulares, los presupuestos grupales, y abordar el tema con la profundidad y transversalidad que amerita, sabiendo que la violencia y la delincuencia que nos afecta es otra expresión de las deficiencias estructurales que todavía sufrimos y que nos llevan a rotularnos como país subdesarrollado.
En el aspecto de ordenamiento institucional para incidir en la violencia social pueden anotársele al gobierno Abinader la despolitización de las altas cortes, incluyendo el fortalecimiento de la independencia del ministerio Público, el inicio de la reforma y modernización de la Policía Nacional, con participación de la sociedad civil y asesoría de organismos internacionales especializados.
El aporte de Mercedes es oportuno y trasciende el bosque de cotidianidades insustanciales que impone a la opinión pública una especie de zombificación impuesta a la opinión pública para que no analice u discuta los reales temas que en importancias superaran a las urgencias.