EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Baldemar Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, dos imputados en la denominada Operación Calamar negociaron con el Ministerio Público (MP) y acordaron entregar casi 40 millones de pesos.
El órgano acusador negoció con Ovalle Sánchez y Peña Hernández a través del criterio de oportunidad, donde admitieron su culpabilidad en presunto caso de corrupción administrativa.
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional homologó el criterio de oportunidad solicitado por el MP en favor de estos dos colaboradores el órgano acusador.
Los dos implicados, según el expediente, «se asociaron» con el exsenador de Azua, Rafael Calderón Martínez, «para firmar cesiones de crédito ficticias, y cobrar por esta vía los sobornos para la tramitación de los pagos por expropiaciones (de terrenos) por ante el Ministerio de Hacienda».
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que «estos dos involucrados colaboraron de manera eficaz» en la investigación a la supuesta red que encabezan los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros exfuncionarios.
Otros seis imputados en este caso y un grupo comercial negociaron con el MP y acordaron devolver bienes para indemnizar al Estado.
Según la acusación, los exministro Donald Guerrero, de Hacienda, José Ramón Peralta, administrativo de la Presidencia y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, además de otros 31 imputados y 12 empresa se cometió una “mega operación” de lavado de activos y corrupción.
