RESUMEN
La reciente Resolución 10-2025 de la Superintendencia de Seguros vuelve a mostrar que, en nuestro país, muchas veces la razón y el interés común ceden ante las presiones sectoriales. Esta disposición suspende, por seis meses, las Resoluciones 05-2025 y 07-2025, que habían sido diseñadas para ajustar los límites de responsabilidad civil y las tarifas del seguro obligatorio de vehículos de motor, adecuándolos a la realidad de los tiempos y a la necesidad urgente de proteger a las víctimas de accidentes de tránsito.
Es importante reconocer que, bajo la dirección de Julio César Valentín, la Superintendencia de Seguros ha demostrado un trabajo serio, técnico y transparente, con claras intenciones de modernizar el sistema asegurador y garantizar que el seguro obligatorio sea realmente útil para la gente. Las resoluciones suspendidas no eran improvisadas: surgían de un análisis profundo de la siniestralidad, los costos médicos, las necesidades de los afectados y la obligación del Estado de velar por la seguridad y la justicia social.
¿Y por qué se suspenden? Porque algunos gremios y sectores no están de acuerdo, alegando falta de consenso. Como si la seguridad ciudadana pudiera esperar o como si las familias afectadas por accidentes tuvieran seis meses de sobra para ver si se logra un entendimiento. La medida abre una consulta pública “ampliada” con participación de transportistas, aseguradoras, consumidores, abogados, académicos y ciudadanos. En papel suena bien, pero en la práctica significa que las coberturas que iban a modernizarse quedan congeladas, y seguimos operando con montos de indemnización que no cubren ni un diez por ciento de las realidades actuales.
No se trata de excluir voces ni de ignorar al transporte público o privado. Se trata de que las decisiones técnicas y de justicia social no se posterguen por conveniencia política o económica. La actualización de los límites de responsabilidad civil no es un capricho: es una necesidad para que, cuando un siniestro ocurra, las víctimas no queden a la deriva con indemnizaciones insuficientes y gastos imposibles de cubrir.
Con esta suspensión, se aplaude la prudencia mal entendida y se castiga la urgencia de proteger vidas. Una vez más, ganó la insensatez, aunque esta vez, lamentablemente, también se frena el esfuerzo bien intencionado de una Superintendencia que estaba haciendo lo correcto.