«En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional», reza un comunicado publicado por el MP y firmado por Ortega Díaz como «fiscal general de la República».
La abogada fue destituida luego de que el Supremo decidiera suspenderla «para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo».
«Hoy denuncio que el Tribunal Supremo de Justicia y la ilegal Asamblea Nacional Constituyente presidencial, pasando por encima de la Constitución y las leyes, decidieron removerme del cargo de fiscal general de la República para que no siga defendiendo los derechos del pueblo», señala el escrito.
La jurista ratificó su desconocimiento a las decisiones de la corte suprema dictadas por un grupo de magistrados cuya designación intentó ser impugnada por ella alegando irregularidades en su nombramiento, pero que fueron desestimadas por los propios jueces del alto tribunal.
La exfiscal se declaró fiel a la Constitución de 1999 y bajo esas premisas, señala, se mantendrá «firme hasta el final».
Dirigiéndose a los venezolanos, subraya que no se trata solo de ella ni del Ministerio Público; que dice son «una muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar».
«Si esto se lo están haciendo a la fiscal general, en qué estado de indefensión viven todos los venezolanos», preguntó.
Alerta que «acabar con la autonomía» del Ministerio Público «afectará a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a quienes padecen la violencia delictiva y contribuirá a perpetuar el desfalco de la nación».
Lo que beneficiará «la corrupción, y a quienes hoy gobiernan a espaldas del pueblo», dice.
Advierte al Gobierno de Maduro que serán «los principales responsables de este golpe contra la institucionalidad del Estado y como tal asumirán ante la historia las consecuencia de esta destrucción de la democracia venezolana».
Ortega Díaz dice a quienes detentan posiciones de poder que la historia «es implacable con aquellos hombres y mujeres que teniendo la autoridad para frenar las arbitrariedades, contribuyen a su profundización».
La fiscal reiteró que no se rendirá «ante la barbarie, la ilegalidad, el hambre, la oscuridad, y la muerte».
Contra la exfuncionaria se dictaron además medidas de prohibición del salida del país, la congelación de sus activos, la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, y está expuesta a ser enjuiciada por la supuesta comisión de «faltas graves» en su cargo.
Por EFE
