RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este 8 de marzo se cumplen once meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025 que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridos, convirtiéndose en uno de los hechos no naturales más devastadores en la historia reciente de la República Dominicana.
A casi un año del suceso, el dolor permanece intacto para decenas de familias que aún buscan respuestas, mientras el proceso judicial continúa avanzando entre trámites legales, querellas y debates periciales. El caso se ha convertido en uno de los expedientes más observados del país debido a la magnitud de la tragedia y al impacto social que provocó.
La investigación del Ministerio Público derivó en la imputación de los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias en relación con el colapso de la estructura del centro nocturno.
Como parte del proceso, el órgano persecutor depositó una solicitud de medida de coerción en la que pidió prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, además de que el expediente fuera declarado caso complejo debido a la gran cantidad de víctimas.
Tras una extensa audiencia celebrada en el Distrito Nacional, el tribunal impuso a ambos imputados una garantía económica de RD$50 millones, junto con impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, en lugar de la prisión preventiva solicitada por los fiscales.
La decisión generó controversia entre representantes del Ministerio Público y abogados de las víctimas, quienes consideraron que las medidas impuestas no corresponden a la gravedad del hecho. Ante esto, el órgano acusador anunció que apelaría la resolución.
A lo largo del proceso se han presentado numerosas querellas por parte de familiares de las víctimas y sobrevivientes, algunas dirigidas no solo contra los propietarios del establecimiento, sino también contra instituciones públicas por supuestas fallas de supervisión.
En paralelo, varias familias han interpuesto demandas patrimoniales contra el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, reclamando indemnizaciones millonarias por los daños materiales, morales y psicológicos provocados por el colapso.
Uno de los momentos recientes del proceso ocurrió cuando la defensa de los imputados solicitó autorización para realizar un nuevo peritaje independiente sobre las ruinas del establecimiento. Sin embargo, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible la solicitud, al considerar que el pedimento no era procedente en la etapa actual del proceso, aunque dejó abierta la posibilidad de que pueda ser planteado nuevamente por la vía administrativa.
El expediente continúa avanzando dentro del sistema judicial dominicano y se encuentra en la fase de juicio preliminar, etapa en la que el tribunal evaluará si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.
Once meses después, el entorno donde funcionaba la discoteca permanece en silencio, convertido en un espacio de memoria y reclamo. Flores, velas y mensajes colocados por familiares y ciudadanos recuerdan a las víctimas, mientras crece la exigencia colectiva de verdad y justicia. Para muchos de los afectados, el paso del tiempo no ha cerrado las heridas y la tragedia del Jet Set sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional.
