RESUMEN
Ha sido nuevamente designado el expresidente Leonel Fernández para encabezar una Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en las elecciones presidenciales que celebrará Colombia en 2026 esa recién designación no constituye una simple distinción protocolar, sino un acto de confianza institucional dentro de la arquitectura democrática interamericana. En el sistema hemisférico, la observación electoral es un mecanismo técnico de garantía, no un gesto simbólico. Su finalidad es evaluar si los procesos se ajustan a estándares de transparencia, equidad y legalidad que permitan a la voluntad popular expresarse sin distorsiones.
Con la adopción de la Carta Democrática Interamericana en 2001, la democracia dejó de concebirse como un asunto exclusivamente doméstico para convertirse en compromiso colectivo de los Estados miembros. La OEA no solo observa elecciones; integra un sistema preventivo de estabilidad institucional. Las misiones electorales forman parte de ese engranaje normativo.
Analizan el marco jurídico, las condiciones de competencia, el financiamiento político, la logística electoral y los mecanismos de resolución de controversias. El informe final no legitima gobiernos; documenta hechos y formula recomendaciones técnicas. La legitimidad proviene del voto libre y del respeto a las reglas, no de la presencia internacional.
Hay una distinción esencial entre observación técnica y legitimación política, la jefatura de una misión requiere experiencia de Estado, equilibrio y credibilidad. No se trata de un portavoz partidario ni de un árbitro político, sino de un coordinador técnico cuya autoridad descansa en su trayectoria. La reiterada convocatoria a Leonel Fernández en distintos procesos electorales del continente evidencia que su perfil ha sido considerado idóneo para conducir evaluaciones complejas con prudencia y rigor.
La magnitud internacional de su trayectoria se mostró con especial luminosidad en marzo de 2008, durante la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela tras la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano contra un campamento de las FARC. La tensión regional coincidió con la celebración en Santo Domingo de la XX Cumbre del Grupo de Río, bajo la presidencia pro tempore del entonces mandatario dominicano. En un ambiente cargado de recriminaciones directas entre Álvaro Uribe, Rafael Correa y Hugo Chávez, la intervención del presidente anfitrión contribuyó a encauzar el diálogo hacia la distensión. El apretón de manos que selló aquella jornada simbolizó el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reafirmación del principio de solución pacífica de controversias, piedra angular del derecho internacional público.
Ese episodio no fue un gesto improvisado ni una escena anecdótica; fue la expresión de una diplomacia activa que comprendía la importancia de preservar el equilibrio regional. En política internacional, la moderación es una forma de liderazgo, y la neutralidad bien ejercida puede evitar escaladas imprevisibles.
Esta nueva designación ahora para Colombia en 2026 debe entenderse al albor de esa trayectoria. Colombia es una democracia con tradición electoral consolidada, pero también con intensas disputas políticas. La conducción de una misión en ese contexto exige serenidad metodológica y autoridad moral. La confianza depositada por la OEA no se basa en simpatías ideológicas, sino en desempeño verificable y capacidad de separar convicciones personales del juicio institucional.
Esta reiterada elección tiene una dimensión que trasciende la figura individual. Proyecta al país como actor confiable dentro del sistema interamericano y reafirma que la experiencia política nacional puede contribuir al fortalecimiento democrático del hemisferio. En tiempos de polarización, la democracia necesita menos disonancia y más método; menos retórica y más institucionalidad.
La democracia se consolida con reglas claras, procedimientos verificables y confianza acumulada en el tiempo, no con aplausos circunstánciales, de ahí que la Comunidad política de las Américas y el sistema interamericano vuelven a depositar en una figura dominicana la conducción de una misión electoral, no está otorgando legitimidades, sino reconociendo experiencia, equilibrio y compromiso con los estándares que sostienen la autenticidad del voto. Ese reconocimiento trasciende coyunturas políticas y pertenencias partidarias; forma parte del capital institucional de la República y, como tal, constituye un motivo legítimo de orgullo nacional.
Por José Peña Santana