RESUMEN
Durante casi dos décadas, la Ley 340-06 rigió el sistema de compras y contrataciones del Estado dominicano. En su momento, representó un paso importante, pero con el tiempo se volvió insuficiente frente a los nuevos desafíos de eficiencia, inclusión, competitividad y transparencia. Hoy, con la aprobación de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, el país da un salto histórico hacia una gestión pública más moderna, ordenada y justa.
Esta transformación no es casual. Es resultado de un proceso de escucha, construcción colectiva y firme voluntad política. Y, con orgullo lo digo, el proyecto que dio origen a esta nueva ley fue sometido por el diputado sanjuanero y gran amigo Frank Ramírez, quien desde su rol legislativo demostró visión institucional, compromiso con la ética pública y capacidad de consensuar.
Este logro legislativo tiene aún más valor para mí porque no solo fue impulsado por un diputado de mi provincia, sino también aprobado por un Congreso en el que tengo grandes amigos y referentes de compromiso con el país. Me honra saber que figuras como Elvira Corporán, Milly Martínez, Abelardo Rutinel, Jorge Zorrilla, Olfany Méndez, Gustavo Lara, Lía Díaz, José Caraballo, Alfredo Pacheco, Dartiza Zapata, Héctor Acosta, Aquiles Ledesma, Luis Báez, Otoniel Tejeda y Vicente Sánchez, entre otros legisladores con los que comparto respeto mutuo y admiración, fueron parte de quienes respaldaron esta transformación histórica. Que esa voluntad colectiva se haya alineado en favor de una ley tan necesaria es motivo de orgullo y esperanza.
¿Qué cambia con esta nueva ley?
A diferencia de la Ley 340-06, que tenía vacíos normativos y limitaciones para adaptarse a los cambios del entorno, la nueva legislación introduce mecanismos modernos de control, apertura y eficiencia, entre ellos:
- Más transparencia y acceso público.
- Se crea un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas con trazabilidad total.
- Se exige la publicación proactiva de todas las fases de los procesos.
- Los criterios de evaluación y adjudicación deben estar previamente definidos y ser objetivos.
- Participación real de MIPYMES y sectores históricamente excluidos.
- Se establecen cuotas obligatorias para compras a MIPYMES, mujeres, jóvenes, cooperativas y sectores vulnerables.
- Las entidades deben justificar por qué no se cumplen esas cuotas cuando no lo hagan.
- Sistema de compras más flexible y eficiente.
- Se crean nuevos procedimientos, como las contrataciones abiertas, simplificadas y colaborativas.
- Se incorpora el uso obligatorio de herramientas tecnológicas y plataformas electrónicas de licitación.
- Control más firme y consecuencias claras.
- Se refuerzan las funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
- Se establecen sanciones concretas, tanto administrativas como penales, para quienes incurran en irregularidades.
- Las inhabilitaciones ahora se aplican con mayor alcance y duración.
- Fortalecimiento de la planificación y el monitoreo.
- Las instituciones estarán obligadas a planificar sus compras anualmente con base en datos.
- Se establece un sistema de monitoreo de desempeño que prioriza calidad sobre precio.
Un cambio de fondo, no solo de forma.
Este nuevo marco legal va más allá de los tecnicismos. Representa un cambio de cultura dentro del Estado dominicano. Un cambio que apuesta por lo público bien gestionado, por oportunidades reales para emprendedores locales, por procesos más ágiles y menos burocráticos, y sobre todo, por una administración que le rinde cuentas al ciudadano con hechos y resultados.
Una victoria institucional del gobierno.
Este es también un logro del gobierno del presidente Luis Abinader, que desde el inicio de su gestión ha impulsado políticas orientadas a la transparencia, la transformación digital y la eficiencia del gasto público. Esta ley es coherente con esa visión.
No se trata solo de mejorar cómo el Estado compra. Se trata de garantizar que cada peso invertido se traduzca en calidad de vida para la gente. En hospitales mejor equipados, en escuelas funcionales, en caminos bien construidos. En una democracia más sólida y creíble.
La nueva Ley de Compras no es una meta, es un punto de partida. Aplicarla con rigor será nuestra mayor garantía de que esta transformación no se quede en el papel.
Por Miguel Cano
Especialista en marketing y gestión de proyectos públicos
Columnista de opinión en El Nuevo Diario.