Quizás el título de esta nota pudiera sugerir una discusión sobre las prioridades y en consecuencia de una jerarquización de los principales problemas de la República Dominicana, y así conseguiríamos ubicar en la cúpula de ellos el que sería el primero o el principal.
Sin embargo, nuestra intención no es hacer ese inventario de temas pendientes por resolver y categorizarlos. Queremos más bien identificar la base en que debe sustentarse toda sociedad civilizada para avanzar. Las dictaduras imponen un orden de manera arbitraria y con el uso de la fuerza, la represión y generando temor. Incluso, lo hacen a costa de la vida de muchas personas.
En cambio, en un sistema democrático el orden deviene de la rigurosa aplicación de la ley. Y es sólo así que podemos cambiar la capacidad amedrentadora del fusil por la fuerza de un texto plasmado en un papel estableciendo derechos, obligaciones y sanciones. No nos queremos dar cuenta de que sólo con la rigurosa aplicación de la ley es que ésta toma la fuerza de la autoridad. Ella, pues, evita los excesos de gobernantes y gobernados, al tiempo que tiene la capacidad de juzgar la justeza de la actuación de ambos en cada acto de la cotidianidad.
Y justo es a ese tema al que queremos referirnos en esta ocasión. En el país nadie parece encontrar quienes estén dispuestos a sancionar a quienes faltan. En consecuencia, también podemos decir que las víctimas tampoco encuentran protección frente a los excesos de los abusadores. Los criminales siempre parecen salirse con la suya y para ellos la insuficiencia de pruebas resulta una vía de salir libres de las acusaciones.
Así es, aún donde las pruebas abundan. Los fiscales son ineficaces o los jueces venales.
