Es algo que estamos viviendo en la República Dominicana, pero que no es una cuestión exclusiva de nuestro país. Es más bien un conflicto de la democracia en América Latina, y principalmente en las naciones en que hay mayor auge de la delincuencia y de violencia intrafamiliar.
Hemos copiado fórmulas y con ellas se han estructurados nuestras instituciones garantistas de derechos humanos, sin que la sociedad y mucho menos esas entidades estén al nivel del modelo que adoptamos.
La conclusión generalizada en nuestras democracias es que los delincuentes terminan teniendo más derechos y garantías que la población que resulta víctima de sus acciones ilícitas y de su violencia.
En esa confusión conceptual nos hemos estado desenvolviendo en la construcción de una sociedad de derechos de ciudadanía, muchos de los cuales incluso se han constitucionalizado.
En sentido general, no tenemos una ciudadanía capaz de actuar con el nivel de civilidad con que sucede en las naciones desde donde copiamos ese modelo, pero tampoco instituciones con la eficacia para gestionar un régimen de consecuencias que garantice paz y seguridad.
