Coincidencialmente, el mismo día que en Panorama de la Mañana decidí comentar sobre el no ajuste por inflación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), motivado por algunos tweets de Germanía Montás, me encontré en la tarde con una grata sorpresa: el senador Omar Fernández abordó el mismo tema en el Congreso.
Y más tarde, otros legisladores se sumaron a su planteamiento. Confieso que eso me dio cierta esperanza, porque se trata de una discusión que toca el corazón de la economía familiar dominicana y que durante años ha pasado desapercibida por la indiferencia del poder político.
Y es que lo que ocurre desde hace nueve años es, sencillamente, inexplicable e insoportable. El Gobierno ha decidido ignorar, una y otra vez, la obligación legal de ajustar la escala del ISR por inflación, tal como ordena el Código Tributario.
Ese ajuste no es un capricho técnico: es un mecanismo que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida. La última vez que se aplicó fue en 2017. Desde entonces, cada año que pasa sin actualizar, el Estado cobra más de lo justo, apropiándose de un dinero que la inflación ya le arrebató al ciudadano.
Veamos lo que eso significa con números claros.Hoy, quienes ganan menos de RD$ 34,685 mensuales no pagan impuesto.Pero si se hubiera hecho el ajuste por inflación anualmente desde 2018, ese monto sería de RD$ 51,929 para 2026, casi 50% más alto.
Es decir, miles de trabajadores que deberían estar exentos están pagando impuestos indebidos, entregando hasta RD$ 31 mil pesos al año solo porque el Estado no ha cumplido con la ley.
En términos simples: nos están cobrando impuestos sobre dinero que ya no vale lo mismo. Es decir, la inflación también paga impuestos.
Y el golpe más duro lo reciben los asalariados, a quienes se les retiene el 100% del ISR directamente en la nómina, sin derecho a deducir gastos básicos como salud, educación, vivienda o transporte.
Mientras tanto, otros sectores económicos sí tienen mecanismos para compensar o deducir sus gastos. Esa desigualdad convierte al sistema en una trampa para la clase media, que sostiene al Estado con cada centavo que produce.
El panorama es tan absurdo como doloroso.Con una inflación acumulada que erosiona los salarios, tarifas eléctricas en aumento, servicios públicos deficientes y un sistema de pensiones que no garantiza un retiro digno, negar un ajuste por inflación que está establecido por ley es un abuso institucionalizado.
Un castigo silencioso al trabajo formal, a la productividad y al esfuerzo de quienes no pueden evadir ni esconder su ingreso.
Por eso celebro que voces en el Congreso, como la de Omar Fernández y otros legisladores, estén poniendo el tema sobre la mesa.
Ojalá que esta vez el debate no se quede en promesas ni en titulares. Porque ajustar la escala del ISR por inflación no es una concesión: es una obligación legal y moral.
Y hacerlo sería un pequeño paso hacia la justicia tributaria que tanto necesita el país.
En una República Dominicana donde los precios suben solos, pero los sueldos no, y donde el ciudadano cumple, pero el Estado no, el mensaje que se envía al mantener congelada esa escala es claro:la inflación gana, el trabajador pierde, y el Estado se queda con la diferencia.
Ni la inflación se salva de pagar impuestos en República Dominicana.
Por Elvin Castillo