RESUMEN
En los últimos años ha quedado en evidencia una realidad que durante mucho tiempo se susurraba, pero no se denunciaba con firmeza: la creciente infiltración de individuos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado en los partidos políticos dominicanos. Este fenómeno, lejos de ser aislado, representa hoy una amenaza directa contra la credibilidad del sistema democrático.
Con el poder económico acumulado por las redes criminales y la fragilidad de los mecanismos internos de control, personas con historiales cuestionables han logrado insertarse en estructuras partidarias con sorprendente facilidad. Lo más preocupante es que este fenómeno no distingue banderas ni ideologías: afecta tanto al partido gobernante como a las organizaciones de oposición.
En los procesos electorales recientes, legisladores, alcaldes, dirigentes locales y funcionarios del Estado han sido señalados o procesados por vínculos con organizaciones de narcotráfico. Para muchos ciudadanos, la pregunta es evidente: ¿cómo atravesaron el filtro político? En los barrios se dice: “al ciego se le conoce durmiendo y al cojo sentado”. Las señales estaban ahí desde la campaña.
La DEA como motor de las investigaciones y la timidez de los organismos locales
Un elemento crucial que debe destacarse es que buena parte de las investigaciones que han salido a la luz no provienen de los organismos dominicanos, sino de la intervención de la DEA. Según los datos y hechos conocidos, ha sido esta agencia estadounidense la que ha aportado la inteligencia financiera, las escuchas, los rastreos internacionales y los análisis que han permitido desarticular redes con conexiones políticas.
Mientras tanto, los órganos locales han sido percibidos como tímidos, reactivos o políticamente condicionados. Para la población, esto refuerza la idea de que sin la presión internacional muchos de estos expedientes nunca habrían prosperado. Es una señal de alerta grave: la lucha contra la infiltración del narcotráfico en la política no puede depender del ojo vigilante de organismos externos.
El rol indispensable de las cúpulas partidarias
Frente a esta realidad, las cúpulas de los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica que no puede seguir evadiéndose.
Son ellas, y no únicamente la Junta Central Electoral o la justicia, quienes deben asumir un liderazgo activo en la depuración, supervisión y formación ética de sus militantes y candidatos.
Las direcciones partidarias deben convertirse en los principales promotores de: • Transparencia interna en sus procesos de inscripción, padrón y financiamiento.
• Depuración rigurosa de aspirantes con historiales dudosos.
• Códigos de ética aplicables con sanciones reales y públicas.
• Cultura de integridad, donde el acceso al poder no dependa del dinero sucio.
Un partido que permite que el crimen organizado compre espacios no es víctima: es cómplice por omisión.
El debate sobre la Ley 155-17: una pieza, no la solución
En este contexto, ha reaparecido la discusión sobre la modificación de la Ley 155-17 para incluir a los partidos como “sujetos obligados no financieros”. Si bien sería un paso jurídico importante, no resolvería el problema central. La Junta Central Electoral no tiene, hoy por hoy, la capacidad técnica ni operativa para fiscalizar el sistema político de manera integral.
Sin un fortalecimiento institucional real y sin una decisión firme de las direcciones partidarias, esa reforma sería apenas un avance simbólico.
Las implicaciones del crimen organizado dentro de la política
La infiltración del narcotráfico en la actividad partidaria tiene efectos de gran alcance:
1. Captura del Estado El crimen organizado busca poder político para blindarse, desviar investigaciones y controlar decisiones.
2. Competencia desigual y distorsionada El dinero ilícito financia campañas desproporcionadas, desplazando a candidatos serios y alterando la voluntad popular.
3. Lavado político La política se convierte en vehículo para legitimar fortunas ilegales mediante donaciones, operaciones en efectivo y compra de estructuras.
4. Riesgo para la seguridad nacional Cuando el crimen se infiltra en el Estado, crece la violencia, se debilita la autoridad y aumenta la protección a bandas criminales.
5. Erosión de la confianza pública La percepción de que “el narco manda” en la política destruye la fe en las instituciones y alimenta la abstención.
La ciudadanía: el control que ninguna ley puede sustituir
Esta problemática no se resolverá únicamente con reformas legales ni con operaciones internacionales. Mientras candidatos y partidos manejen enormes cantidades de dinero sin supervisión real y mientras la población siga votando sin exigir transparencia, las puertas seguirán abiertas.
La solución también depende de una ciudadanía vigilante, informada y consciente. La democracia no se sostiene solo con leyes: se sostiene con una sociedad que no esté dispuesta a normalizar lo que está mal.
Una población educada y crítica es la única capaz de frenar, desde el voto y desde la presión social, la penetración del crimen organizado en las estructuras del poder.