RESUMEN
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La ley es una norma jurídica dictada por los legisladores. Es una regla, un precepto, una disposición, un reglamento establecido por la autoridad competente, en el que se manda, permite, se autoriza o se prohíbe algo en correspondencia con la justicia y cuyo incumplimiento conlleva, claro está, a una sanción determinada.
Una ley se establece para controlar asuntos concernientes a la conducta humana, a la actuación humana con respecto a la vida social o más bien en sociedad.
La sociedad se puede definir como la agrupación mayor o menor de hombres y mujeres que juntos luchan permanentemente por la consecución de bienes y fines comunes. Pero la vida en sociedad no puede ser como chivos sin ley, no puede ser como venga en ganas, pues en toda sociedad, si en verdad quiere caminar por buen camino, debe primar el imperio de la ley.
El imperio de la ley, según los entendidos, es un concepto jurídico-político de definición formal no unívoca, pero que generalmente se entiende en el sentido de la primacía de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo, especialmente contra la tiranía y la arbitrariedad del poder político, incluso aunque fueran bienintencionadas. En cierto sentido, el concepto de “imperio de la ley” es similar al concepto helénico “nomos basileus” (“la ley es el rey”)
El imperio de la ley es la piedra angular en que se sustenta la legitimidad de los ordenamientos jurídicos de cualquier sociedad democrática.
Ahora bien, el postulado de que nadie puede estar por encima de la ley es universal y ha sido consignado de una u otra forma en todas las constituciones dominicanas desde la fundación de la República, incluyendo la promulgada por el presidente Leonel Fernández el 26 de enero del 2010, cuyo artículo 39 consigna: Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación.
El numeral 1 de este artículo condena todo privilegio o situación que tienda a quebrantar la igualdad y el 3 proclama que el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva.
De manera que cuando un funcionario, elegido o nombrado, se aprovecha de sus funciones públicas para enriquecerse ilícitamente, estamos delante de un privilegio y cuando ese funcionario no es enjuiciado y castigado debidamente por la justicia, por pertenecer al partido que ostenta el poder, entonces podemos decir que ese funcionario está por encima de la ley.
Precisamente el miércoles 17 de julio del año 2013, Reinaldo Pared Pérez, a la sazón presidente del Senado, le advirtió al ex presidente Hipólito Mejía y sus seguidores, que nadie está por encima de la Ley, y ni siguiera el Presidente de la República.
Ahora nos gustaría que Pared Pérez, secretario general del PLD, les diga a los dirigentes de su partido acusados de alegados actos de corrupción que ellos no están por encima de la ley.
