RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Música, Esteban Abreu, denunció este martes, en medio de una protesta pacífica frente al Palacio Nacional , los “abusos y atropellos” que realiza la Policía Nacional con las incautaciones de equipos de música.
Abreú expresó que existe una mafia con estas retenciones de bocinas, ya que, supuestamente, venden los equipos en el mercado negro, simulando una “supuesta lucha en contra de la contaminación sónica, que lo único que están haciendo es enriquecer a un grupito”.
En ese sentido, el musicólogo cuestiono el “mal trabajo de las autoridades”, alegando que están engañando a la sociedad con una “supuesta lucha en contra de la contaminación sónica que lo único que están haciendo es hacer rico a un grupito”.
De esta manera, el comerciante y musicólogo, Jhossan Capell, testificó que lo único que están exigiendo en esta manifestación es usar los espacios y lugares de tolerancias que la ley municipal contempla y les garantiza el derecho a usar.
Aseguró que no están en contra de la contaminación sónica, sino que demandan espacios donde puedan actuar, sin provocar situaciones que moleste el entorno colectivo.
“Nosotros tenemos un lugar de tolerancia que esta frente al mar, donde no hay escuela, tendido eléctrico, no hay un hospital al lado, eso son los espacios para que se puedan disfrutar¨, dijo Capell.
“Es increíble que los empresarios traigan todos sus equipos al país, tienen cientos de miles de empleados, pagan sus aranceles, entonces, cuándo llegan al consumidor final, es ilegal. Debemos de revisarnos porque si no vamos hacer como las drogas, traerla ilegal”, expresó.
También, acusaron a las autoridades policiales por despojar de los equipos de música a los vehículos de los ciudadanos, “violando los derechos de propiedad de las personas, cuando se llevan los equipos arbitrariamente sin dejar acta de incautación violando el artículo 8.3 de la ley 90-19”.
En ese sentido, denunciaron la violación de la sentencia TC-0434/2024 del Tribunal Constitucional que dictamino que las incautaciones de equipos y bocinas por parte de la Policía Nacional, sin una orden judicial, violentan la Constitución.
