RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO ODMINGO. – El Ministerio Público presentó más de 2,000 pruebas documentales, más de 90 testigos y alrededor de 86 pruebas materiales que sustentan los cargos que enfrentan Juan Alexis Medina y compartes en el desmantelado entramado de corrupción que estafó al Estado con más de RD$5,000 millones, informó este miércoles la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
“De nuestra parte, el trabajo está hecho, esperemos ahora la decisión del tribunal”, declaró Mirna Ortiz a su llegada al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, previo al inicio de la audiencia en la que se espera que las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo emitan la decisión, tras reservarse el fallo el pasado 30 de julio.
La audiencia, inicialmente pautada para las 11:00 A.M. de este miércoles, fue pospuesta para las 5:00 P.M., hora en la que el tribunal estima tener lista la decisión.
El pasado mes de abril, el Ministerio Público solicitó al tribunal que imponga una condena de 20 años de prisión contra Medina Sánchez, así como el pago de 400 salarios mínimos.
También, solicitó que se imponga 15 años de prisión a José Dolores Santana Carmona y a Wacal Vernabel Méndez Pineda, así como el pago de 200 salarios mínimos.
Igualmente, pidió 10 años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa, y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez. Esta misma pena fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
El Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
En el caso de Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y Rafael Antonio Germosén Andújar, se pidió una condena de cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
Asimismo, el órgano acusador solicitó una pena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la OISOE.
El Ministerio Público también requirió que todos los imputados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de los bienes incautados producto de las actividades ilícitas y a la degradación cívica, consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución.
Se pidió, además, que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o instituciones públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional. También se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, ascendentes a 15 millones de pesos, conforme a la Ley de Lavado de Activos.
El órgano acusador pidió igualmente el decomiso de bienes obtenidos con fondos drenados del erario mediante contrataciones irregulares, probadas durante más de un año de audiencias del presente juicio.
Cargos que enfrentan los procesados
Juan Alexis Medina Sánchez: acusado de liderar un entramado societario para obtener ventajas económicas en contrataciones con el Estado, en coalición con funcionarios, mediante tráfico de influencias, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas, como simulación de contratos y uso de prestanombres. Se le imputa lavado de activos, desfalco, enriquecimiento no justificado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
José Dolores Santana Carmona: señalado como prestanombre y representante de varias empresas del entramado, facilitando la circulación de fondos ilícitos y la adquisición de bienes a nombre de terceros.
Wacal Vernabel Méndez Pineda: prestanombre y representante legal de empresas controladas por Medina Sánchez, participando en lavado de activos, simulación de contratos y adquisición de bienes ilícitos.
Fernando Aquilino Rosa Rosa: en su calidad de director del Fonper, permitió adjudicaciones y pagos irregulares a favor de empresas vinculadas a Medina Sánchez, desviando recursos públicos al grupo.
Carmen Magalys Medina Sánchez: hermana de Alexis Medina y funcionaria del Fonper, acusada de coalición de funcionarios, complicidad en desfalco y aprobación de pagos irregulares.
Carlos José Alarcón: contador y facilitador de operaciones contables para encubrir actividades ilícitas, acusado de lavado de activos, complicidad y falsedad documental.
Ramón Brea Morel (a) Johnny Brea: representante de una empresa usada por Medina para contratar con el Estado, participando en simulaciones comerciales y canalización de fondos del erario.
Lina Ercilia de la Cruz Vargas: acusada de figurar como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos, actuando como testaferro.
Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez: acusados de lavado de activos y testaferrato.
José Idelfonso Correa Martínez: acusado de lavado de activos y porte ilegal de armas.
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco: acusado de corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno, falsedad, desfalco y lavado de activos.
Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez: acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.
Rafael Antonio Germosén Andújar: acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.
