EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nuevo encargado de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, inició este lunes la presentación de conclusiones en el juicio Antipulpo, con fuertes señalamientos contra Alexis Medina, reiterando que lideró un entramado de corrupción basado en el tráfico de influencias por su vínculo familiar con el expresidente Danilo Medina,
Camacho destacó que el imputado incurrió en múltiples irregularidades para beneficiarse de contratos estatales, a pesar de que la Ley de Contrataciones Públicas 340-06 se lo prohibía.
El procurador enumeró algunas maniobras que presuntamente utilizó Alexis Medina para desfalcar al Estado, entre ellas:
• Empresas de papel: Sin recursos humanos suficientes para ejecutar los contratos obtenidos.
• Cambio frecuente de objeto social: Las compañías modificaban su actividad para ajustarse a los proyectos públicos que de antemano conocían.
• Monopolización de procesos de compras: Alexis Medina manipuló licitaciones y contratos en su beneficio.
• Falsificación de facturas y uso de testaferros: Creó una red de lavado de dinero con familiares y terceros.
• Falsa calidad de distribuidor exclusivo: Se adjudicaba contratos sin tener la capacidad real de suministrar los bienes o servicios prometidos.
Junto a Wilson Camacho, representaron al Ministerio Público Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y los fiscales Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Elizabeth Paredes.
También están procesados en este caso el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona; Wacal Bernabé Méndez Pineda; Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
El exfiscalizador de esa institución, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. Además, figuran entre los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, el excontralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz, entre otros.
Al grupo de le imputa estafar al erario público con aproximadamente cinco mil millones de pesos.
