EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público presentó este jueves su testigo número 311 en el juicio que se sigue contra una presunta red de corrupción, en la que están involucrados generales, coroneles y otros oficiales, quienes supuestamente sustrajeron más de 4,500 millones de pesos de instituciones del Estado.
De acuerdo con la acusación formal, los implicados en el caso crearon una estructura mafiosa al interior de cuerpos castrenses como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), dirigido por el general Adán Cáceres Silvestre y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde se registraron múltiples maniobras de desvío de fondos, nóminas fantasmas, lavado de activos, y adquisición ilícita de propiedades y vehículos de lujo.
El MP afirma que esta red operó de forma estructurada entre 2012 y 2020, con la participación activa y directa de altos mandos militares que aprovecharon su posición jerárquica para ocultar irregularidades contables y financieras, con el objetivo de beneficiarse personalmente del erario público.
En este caso, el general Adán Cáceres Silvestre, quien fue jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, es señalado como el principal cabecilla del entramado. Según los fiscales, articuló un esquema de corrupción que incluía:
Nóminas fantasmas, donde se incluían personas que cobraban sin trabajar. Desvío de fondos públicos mediante contratos falsos y compras simuladas. Lavado de activos a través de empresas fachada y movimientos financieros sospechosos. La compra de inmuebles, fincas y vehículos de alta gama, que superan los cientos de millones de pesos.
Además de Cáceres, entre los acusados figuran Rafael Núñez de Aza, coronel del Ejército, sindicado como cerebro financiero del grupo; Rossy Guzmán, pastora religiosa, acusada de fungir como testaferro mediante iglesias y empresas; Tanner Flete, hijo de la religiosa, y Otros oficiales superiores del Ejército Dominicano y la Policía Nacional, todos señalados como participantes activos en la operación fraudulenta.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha calificado la alegada organización ilícita como uno de los más graves de corrupción militar en la historia reciente del país, y afirma que la acusación está sólidamente sustentada con más de 3,000 pruebas documentales, periciales y testimoniales, incluyendo los 311 testigos ya presentados.
Mientras que las distintas defensas restan credibilidad al expediente acusatorio, asegurando que las declaraciones de los testigos presentados por el Ministerio Público han sido contradictorias y no mostraron pruebas contundentes para demostrar una asociación de malhechores para estafar al Estado.
