RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados arrestados en el marco de la operación Lobo, por su presunta participación en una red de corrupción que habría manejado sobornos por más de RD$100 millones a cambio de contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.
La procuradora adjunta y coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, tras depositar la solicitud de medida de coerción informó que el órgano acusador cuenta con una amplia base probatoria para sustentar la solicitud de prisión preventiva ante el tribunal correspondiente.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso, la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación”, afirmó Ortiz.
La operación Lobo fue desplegada el pasado martes por la Pepca, con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, como parte de una ofensiva contra una estructura delictiva que operaba mediante el pago de sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en múltiples instituciones públicas.
Las autoridades realizaron 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en Santiago, lo que permitió el arresto de 15 personas presuntamente vinculadas a la red.
Según informó el Ministerio Público, la investigación ha revelado que las instituciones afectadas por esta trama incluyen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La operación involucró la participación de 26 fiscales y 189 agentes policiales y se originó a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
