RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, solicita la fusión de los expedientes Caso Coral y Coral 5G, por entender que ambos están estrechamente vinculados, y porque “todos estos imputados, a raíz de los beneficios de los actos de corrupción, presentan un enriquecimiento que no podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes”.
Los generales, coroneles y tenientes implicados en el denominado caso Coral 5G, por el Ministerio Público, realizaron todo tipo de maniobra fraudulenta para beneficiarse de las arcas del erario público, llegando a inyectar dinero en una empresa disfrazada de asociación que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales y que se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental, según el expediente acusatorio.
Entre los imputados en la operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Mientras que los imputados del Caso Coral, a quienes se les impuso medida de coerción el pasado lunes 10 de mayo de este 2021, son Adán Benoni Cáceres Silvestre, mayor General del Ejército de República Dominicana; el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del CUSEP y del CESTUR; la asimilada de la Policía Nacional, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el Cabo de la Policía Nacional, Tanner Antonio Flete Guzmán; y el Sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Los judicializados en el caso Coral crearon varias empresas para adquirir bienes, pero que no presentan operaciones comerciales, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas, de acuerdo a la acusación.
De acuerdo a los relatos e interrogatorios contenidos en la acusación del MP, «los militares utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, que busca disfrazar millonaria operaciones de lavado de activos, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la de Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado».
Destaca que distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.
Asimismo, la acusación señala que se concertaron entre funcionarios para ejecutar acciones y operaciones contrarias a la ley y utilizaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano.
Según el MP, «adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias), transfirieron bienes a nombre de tercero, que no tienen perfil económico para adquirir las propiedades que figuran a su nombre a sabiendas de que 14 son productos de los delitos precedentes como estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, desfalco, entre otros.
Agrega que, además, «encubrieron la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento de bienes y derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes; utilizaron miembros de la red que laboraban para un sujeto obligado financiero para poder realizar cientos de transacciones al margen de la ley».
«Administraron y utilizaron bienes, a sabiendas de que proceden de delitos precedentes de lavado de activos, Destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal», añade.
El 5 de mayo del año (2021), mediante la Resolución penal Núm. 0670-2021-SMDC-00628, la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, la prisión preventiva por un periodo de 18 meses, mientras que al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez le fue impuesto el arresto domiciliario por el mismo tiempo.
De igual forma, la investigación fue declarada bajo las reglas de asuntos complejos en virtud de los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal.
Asimismo, la acusación destaca que ell entramado societario tenía como principal cerebro financiero y administrador de las propiedades al imputado Rafael Núñez de Aza (coronel de la Policía Nacional), quien fungía como gerente financiero a la vez en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente, durante los últimos cuatro meses del gobierno constitucional 2016-2020, en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONANI).
Presuntamente, «Núñez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente financiero por sus directores, y adquiría para estos propiedades muebles e inmuebles, además de cubrir los gastos personales y familiares de estos. Para eso, en concurso con los directores, creó varias empresas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparaciones, sin embargo, los soportes de dichas ventas y servicios eran inventados por el equipo que conformaba el departamento financiero de dichas instituciones».
De igual forma, señala que el imputado Núñez de Aza creó una red que se encargó de colocar a cientos de policías y militares de manera fraudulenta en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y en la del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), cobrando en promedio entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, luego distintos miembros del entramado se encargaban de recoger dichos montos, dejando a la persona nombrada solo con un 10% o menos, del salario establecido.
«La diferencia entre lo pagado y la especie de comisión iban a distintos miembros 16 de la organización, quienes debían entregarlos a los directivos en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la presente solicitud de medida de coerción. Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondo era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado», de acuerdo a la acusación.
Al continuar con la investigación, el MP ha destacado que se ha podido determinar que no sólo se beneficiaban de estos actos de corrupción los nombrados Rafael Núñez de Aza, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Raúl Alejandro Girón Jiménez, sino que de igual forma se favorecían a otros miembros de los cuerpos castrenses que poseían niveles de dirección como es el caso de los imputado General Juan Carlos Torres Robiou, FARD, (a) D1, ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) en el período 2014-2021, Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, FARD, (a) El Ayudante, ex ayudante del Director y encargado.
Enfatiza que todos estos imputados, a raíz de los beneficios de los actos de corrupción, presentan un enriquecimiento que no podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes.
Más del noventa por ciento (90%) de las operaciones financieras fueron realizadas en el Banco de Reservas, de forma específica en la sucursal 550, que se encuentra en la Estación de Combustible Texaco de la Av. Venezuela, según las autoridades.
