RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministerio Publico declaró este miércoles que los imputados en el caso Calamar, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Princesa García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, junto a Víctor Matías Encarnación Montero formaron una coalición para obtener fondos del Estado de manera ilícita y así poder beneficiar a la campaña política de Castillo Terrero, para lo cual utilizaron las empresas del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez.
El expediente acusatorio del MP indica que la estafa se realizó a través de las empresa Diseño de Obras de Infraestructura con Tecnología Avanzada (DOITECA) S.R.L, Construcciones y Diseño R.M.N., S.R.L, Consorcio Tecnológico de la Construcción (CTC), y Diseño y Presupuestos de Edificaciones y Carretera con Alta tecnología (DIPRECALT) S.R.L., propiedades de Ventura Rodríguez, las cuales fueron beneficiadas con los libramientos núm. 2418-1, 2610 -1, 2765- 1, 2770-1, 2771-1, 2773-1, 2774-1, 2775-1, 2827-1, 3015-1,3232-1,3629-1, 3657-1, 4089-1, 4162- 1 y 5207-1.
El documento especifica que el señor Bolívar Ventura Rodríguez realizó entregas de dinero a la estructura de corrupción; una primera parte por la suma quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (DOP 527,694,838.00), y una segunda parte de setecientos cuatro millones doscientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos (DOP 704,298,350.00).
Señala que para obtener ese dinero el entramado de corrupción utilizó contratos que tenía el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que databan de más de diez años, donde en principio los acusados adulteran fechas para lograr el pago como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Víctor Matías Encarnación Montero logró que desde la OISOE se hicieran volumetrías falsas de obras (incluso de obras cerradas) y certificaciones de medición, que generaron cubicaciones falseadas, las cuales también poseían presupuesto que nacieron con datos falseados y fechas adulteradas.
«Es así como nacieron los acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales de obras que nunca se realizaron, pero por las cuales se pagaron sumas millonarias en detrimento del Estado dominicano y en beneficio exclusivo de la campaña política del acusado Gonzalo Castillo Terrero», expresa el expediente del MP.
Añade el documento, que para lograr estos pagos, el director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán Rodríguez, en el año 2019, le estableció a Víctor Matías Encarnación Montero, director técnico de la OSIOE, que había que buscar la forma de que el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez pudiera cobrar lo que se le adeudaba de las ejecuciones de obra que sus empresas habían realizado, de la forma que sea, donde el motivo era buscar dinero para la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente en principio la campaña interna, donde el acusado Gonzalo Castillo Terrero era precandidato presidencial, como fue establecido anteriormente.
Destacó en esta parte que Francisco Pagán Rodríguez actuó en este esquema de corrupción siempre bajo las instrucciones del acusado José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández y Ángel Donald Guerrero Ortiz.
Señala el expediente que, «Víctor Matías Encarnación Montero luego se reunió con Socorro del Carmen García, quien administra las empresas de Bolívar Ventura Rodríguez, y le estableció que se reuniera con Wilfredo González Castillo, subdirector de Cubicaciones de la OISOE, para identificar los casos que tenían méritos».
Sostiene que en este encuentro se identificaron los posibles contratos, pero los organismos de control financiero le establecieron que no había forma de pagarlos por la institución, es decir, por la OISOE, porla falta de asignación presupuestaria, y le plantearon que la única vía posible era que dichos pagos fueran reconocidos como
deuda pública y que los mismos se emitieran por el Ministerio de Hacienda.
El documento especifica que es así como se inició el proceso de adulteración de fechas, pues para ser pagados como de deuda pública debían tener por lo menos un año de cubicado como sustento del pago; y es entonces cuando Víctor Matías Encarnación Montero y Wilfredo González Castillo, por instrucciones de Pagán, cambiaron las fechas para hacer constar que las cubicaciones eran del año 2018, y año del 2019, surgiendo así pagos de cubicaciones con fechas adulteradas en los acuerdos de reconocimiento de deuda por adicionales de trabajo realizado.
