RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), emitió este miércoles el expediente del caso Calamar en cual involucra al menos 46 actores civiles, compuestos de 34 personas y 12 empresas y acusan a Donald Guerrero de orquestar mafia que sustrajo del Estado más de 41,000 millones de pesos.
El documento detalla que los acusados orquestaron una sofisticada organización criminal, que inició sus operaciones estructuradas desde el 2012 y que las mismas presentan un crecimiento vertiginoso, a partir del 2016, específicamente cuando el acusado Donald Guerrero fue designado como ministro de Hacienda.
Asimismo, manifiesta que el entramado criminal en múltiples acciones y desplegando una estrategia empresarial tan diversa y combinada que no tendrían nada que envidiarle a un holding lícito, en cuanto a organización, funciones, perfil criminal de sus integrantes y los exorbitantes recursos que obtuvieron como ganancia, con la diferencia de que en este caso son acciones que tipificas, propias del crimen organizado, con el objetivo de distraer del erario, más de cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve mil pesos con setenta y seis centavos (RD $41, 185,964,839.76), obtenidos por las líneas criminales.
El exministro de Hacienda aparece como la persona que orquestó junto a González Castillo y José Ramón Peralta, el Programa de Contratistas, en el cual se le pagaron alrededor de RD$21,000 millones a una serie de empresas que ejecutaban cubicaciones ficticias. También les acusa del pago ilícito de expropiaciones y pagos ilícitos para obras que nunca se cubicaron.
El órgano acusador plantea que a través de la red criminal Donald Guerrero lavaba millones de dólares por medio de diversas empresas, en las que según el expediente, incluyó a empresarios tradicionales. En este punto, Operación Calamar señaló que el empresario José Miguel González Cuadra, es investigado “por su participación activa e ilícita” en los entramados societarios de Guerrero.
El expediente agrega, que en su gestión de blanqueo, Donald Guerrero aprovechó de su posición como último responsable de ejecutar las políticas de prevención del lavado de activos, para llevar a cabo sus operaciones.
