RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una activa vigilancia con drones fue lo que permitió develar la estrepitosa mafia de tráfico de haitianos por la frontera con Haití. Así ha quedado al descubierto mediante la Operación Frontera realizada por las autoridades, según el expediente instrumentado por el Ministerio Público.
De acuerdo al expediente, la mafia operaba en las provincias de Montecristi y Dajabón, donde había «centros de acopio y acogida de extranjeros ilegales», gracias a una extensa red «integrada por personas que se dedican a la labor de motoconcho y al transporte de pasajeros en las rutas del sindicato Dajabón-Las Matas de Santa Cruz y Las Matas de Santa Cruz-Mao».
Los acusados de ese abundante tráfico son Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson), Osiris Rafael Estévez Fortuna, Leonardo Acosta Cruceta (Leonelo), Elbio José Castillo Martínez (Soco), Hilario Antonio Gómez (Ñaña), Santo Valerio Contreras (Santico), Rafael Zabala Peña, Sandro Liranzo Javier, José Dolores Hernández, Julio César Pujols Montero, Rafael Contreras Arno, Julio César Sosa (Caco/Coco), prófugo; Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Jesús María Cerda Acosta (Moreno), Aquilino Sosa Fernández, Anelsy Escarle Cordero (Nelsy), María Rafaela Batista de Cordero, Edna Joseph (haitiana Eva); Expedido Rodríguez (Bobole), prófugo.
Los dos primeros serían los cabecillas de la red humana.
El despliegue de drones en la frontera arrojó que los haitianos «se trasladan desde orilla del río Masacre (lado haitiano), para cruzar por una finca propiedad de un ciudadano solo identificado como Goyito, ubicada en el municipio de Pepillo Salcedo (Manzanillo), provincia Montecristi, a escasos metros del puesto denominado Masacre, E.R.D, saliendo de la citada finca, por una puerta de metal color rojo, la cual es controlada por el imputado Rafael Sabala Peña (a) Sabala, miembro del Ejército de la República Dominicana.»
«Continuando la ruta, por la carretera Copey-Manzanillo, hasta llegar al municipio de Copey, siendo trasladados hacia una pollera y una guardería que son utilizadas como centro de acogida de indocumentados en condición migratoria irregular, y desde ahí son llevados a diferentes lugares del país».
Algunos de los imputados facilitaban los medios para transportar a los haitianos hasta esos refugios, luego de cruzar el río y la finca. Una distancia de unos 350 o 400 metros separaba a la línea fronteriza de esas casas de acogida. Estos puntos eran como el paraíso para ellos.
El Ministerio Público encubrió e infiltró a algunos de sus hombres para desantrañar la espesa estructura de la mafia.
Los involucrados cobraban sumas de dinero que podían ser altas (miles de pesos) o ridículas (300 pesos). A veces hasta les «fiaban» a los indocumentados.
