EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- Moldavia vive hoy una grave crisis política tras la instauración de dos gobiernos paralelos que enfrentan a los principales partidos del país, sin que de momento se advierta una salida.
La situación se agravó cuando el Partido Socialista y el bloque derechista proeuropeo Acum alcanzaron este sábado un acuerdo y formaron un nuevo Gobierno, hecho que rechazó categóricamente el Partido Democrático (PDM) con el aval del Tribunal Constitucional (TC).
El principal argumento contra el nuevo Gobierno radica en que fue formado cuando supuestamente había expirado el plazo: mientras el TC lo marca como 90 días después de las elecciones, la alianza indica que se trata de tres meses.
El anterior Gobierno, encabezado por Pavel Filip, calificó a las nuevas autoridades de usurpadoras y traidoras al servicio de potencias extranjeras, según informaron desde la capital del país, Chisinau, agencias moldavas y rusas.
El PDM se apoya en el Constitucional, que dos días atrás dio por cerrado el plazo para la creación de una alianza y dictaminó que el presidente del país, Ígor Dodon, el líder de los socialistas, debía disolver el Parlamento.
Sin embargo, Dodon, quien denuncia los vínculos entre el TC, el PDM y la oligarquía local, optó por darles una última oportunidad a los legisladores para sellar un acuerdo e invitó a la sesión del Parlamento a representantes diplomáticos de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea para granjearse el apoyo de la comunidad internacional.
Tras la creación del nuevo Gobierno, el Constitucional reiteró que el Parlamento no tenía potestad legal alguna, decretó el cese temporal de Dodon y la disolución del Legislativo, y designó a Filip como presidente interino del país.
Este, inmediatamente, anunció elecciones parlamentarias anticipadas para el próximo 6 de septiembre, atizando el fuego de la pugna política.
Dodon calificó la decisión del TC y de Filip de intento de usurpación del poder y llamó a la comunidad internacional a mediar en la crisis política en la que se encuentra sumido el pequeño país, enclavado entre Ucrania y Rumanía.
El Parlamento, por su parte, declaró que el anterior Gobierno «perdió la confianza, tanto de su propio pueblo, como de sus socios extranjeros, al elegir la ruta de la inestabilidad y la violencia».
El Legislativo declaró ilegal al anterior Gobierno y exigió al PDM «retirar a sus mercenarios de las entidades estatales».
La recién elegida primera ministra, Maia Sandu (Acum), defendió la normalización del trabajo de las entidades estatales y pidió apoyo para el nuevo Gobierno a los empleados institucionales.
«El Gobierno legítimo recién electo tiene la intención de liberarlos de las presiones y chantajes para que puedan cumplir libremente sus deberes profesionales», dijo y denunció que durante los últimos años el PDM subordinó el Estado a sus intereses.
Sandu calificó esta situación de «anormal para un Estado democrático» y prometió «librar las instituciones del control político para que los funcionarios puedan cumplir sus obligaciones solo en base a la ley y sin presiones».
«El país atraviesa esta difícil situación debido a que las anteriores autoridades de la oligarquía no quieren retirarse voluntariamente e intentan implicar a las instituciones en su juego sucio», añadió.
Desde la noche del sábado los partidarios del Partido Democrático intentan bloquear las instituciones estatales para impedir que el nuevo Gobierno pueda comenzar a trabajar.
Además, se convocó a una manifestación en la cual, según estimaciones de los organizadores, participaron unas 30.000 personas, pero de acuerdo con otras fuentes, no superó los 10.000 participantes y duró menos de una hora.
En medio del reparto de fidelidades, el inspector general de la policía local, Alexander Pinzar, declaró su fidelidad al anterior Gobierno y señaló que «la policía se rige por las leyes».
En tanto, Amnistía Internacional denunció la inacción de la policía, que no ha evitado las agresiones en los espacios públicos contra periodistas y activistas políticos.
La Unión Europea expresó su postura respecto al conflicto en una declaración conjunta de la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el comisario europeo de Ampliación y Vecindad, Johannes Hahn.
«La UE valora positivamente las decisiones aprobadas el sábado en Moldavia, incluyendo la creación de una coalición de Gobierno. La UE está dispuesta a trabajar con el Gobierno democrático y legítimo en base al apego mutuo a las reformas y principios básicos fijados en nuestro Acuerdo de Asociación», señala la nota.
Rusia tampoco quedó al margen de la situación, puesto que el senador ruso Alexéi Pushkov criticó las acciones del PDM y las calificó de «intento de golpe de Estado».
«En calidad de ariete contra el presidente (Dodon) utilizan un TC fraudulento. En cuanto los liberales prooccidentales se ven perdidos, son capaces de violar la ley con tal de conservar el poder», afirmó.
Por su parte, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, instó a «todas las fuerzas políticas de Moldavia a actuar de forma responsable y tranquila», respetando «los principios de la supremacía de la ley, la democracia y los derechos humanos».
