RESUMEN
En una era donde la verdad compite a diario con la desinformación viral, y donde los discursos del odio encuentran eco tan rápidamente como las voces de la democracia, República Dominicana da un paso crucial al presentar un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.
Es una propuesta que no solo busca modernizar una legislación anacrónica de 1962, sino que reconoce, por fin, que la libertad de expresión del siglo XXI vive y respira en las redes digitales.
Este proyecto legislativo, sometido por el presidente Luis Abinader, es una apuesta audaz y, sobre todo, necesaria. Reconoce el derecho fundamental a expresarse libremente —sin censura previa y con garantías de pluralismo— en un ecosistema mediático donde los diarios impresos conviven con influencers de TikTok, y los programas de radio comparten audiencia con los pódcast y livestreams.
En una región donde los retrocesos democráticos se sienten como una marea persistente, que el Estado dominicano busque fortalecer y regular su marco legal sobre comunicación es un hecho que debe ser celebrado.
Uno de los aspectos más transformadores del proyecto es su inclusión explícita del entorno digital. Por primera vez, plataformas como X (antes Twitter), YouTube, Facebook o cualquier servicio de contenido audiovisual en línea con más del 10% del tráfico nacional estarán sujetas a normas claras.
Esto no es censura, como algunos han sugerido. Es regulación democrática: una herramienta para garantizar la responsabilidad de actores con poder estructural comparable al de los medios tradicionales.
El Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), concebido como un órgano autónomo, será la entidad encargada de esta vigilancia. Como ocurre en democracias consolidadas con organismos similares —la Ofcom británica o la FCC estadounidense—, el Inacom tendrá el mandato de fiscalizar y sancionar, sí, pero sobre todo de proteger el interés público. ¿Por qué temer a una institución cuya existencia puede garantizar que los derechos digitales no dependan exclusivamente de algoritmos corporativos o intereses políticos de ocasión?
Ciertamente, hay quienes temen que esta nueva ley pueda abrir puertas a abusos. La historia del Caribe y de América Latina está llena de ejemplos donde el control de los medios derivó en autoritarismo.
Pero esa posibilidad no debe ser razón para inmovilizar al Estado frente a un entorno digital que se ha vuelto tan poderoso como opaco. En cambio, el verdadero desafío será asegurar que el Inacom funcione con total independencia y con los mecanismos de transparencia necesarios para evitar cualquier desvío de poder.
Esta ley también pone sobre la mesa otro avance fundamental: el derecho de rectificación y respuesta. En un tiempo donde los errores y las mentiras, pueden replicarse por millones en cuestión de segundos, el ciudadano común tendrá herramientas para responder, rectificar y, en última instancia, defender su dignidad en la esfera pública. La democracia digital no puede estar reservada solo para quienes tienen seguidores; debe pertenecer también a quienes tienen solo su voz.
Lo que propone este proyecto no es una mordaza, sino un marco. No impone silencios; exige responsabilidad. Y, sobre todo, reconoce que la libertad de expresión no debe limitarse a proteger a los medios tradicionales, sino también a ordenar el nuevo caos de información donde conviven memes, activismo, noticias y manipulación.
República Dominicana no puede permitirse seguir regulando el siglo XXI con las reglas del siglo XX. Esta ley, aunque perfectible, representa un punto de partida valiente. Corresponde ahora a los legisladores y a la sociedad civil no frenar el avance, sino afinar los mecanismos.
Porque si algo nos ha enseñado la historia reciente es que, sin una arquitectura jurídica sólida, la libertad puede convertirse en el primer derecho que se desvanece.
Por: Johnny Rosario.