RESUMEN
En agosto de 2020, la red hospitalaria pública dominicana enfrentaba un colapso silencioso. Solo 17 hospitales (menos del 6%) estaban en condiciones óptimas. La mayoría, 158 centros, operaban con deficiencias severas, y 148 se encontraban en estado crítico. La promesa de cambio, pronunciada con solemnidad en el discurso de toma de posesión del presidente Abinader ,“desarrollar el sistema de salud más moderno de la región”, generó una expectativa concreta: reconstruir un sistema deteriorado y garantizar el derecho a la salud desde la infraestructura misma.
“El hospital no es sólo un espacio físico, sino la condensación de una política”. Así lo planteaba Jaime Breilh al señalar que las estructuras sanitarias expresan las prioridades de un modelo. Y en la República Dominicana, donde aún faltan camas, esta afirmación resuena con fuerza en los pasillos.
Hoy, cuatro años y medio después, el gobierno informa que ha intervenido 73 hospitales. Pero un análisis minucioso de la prensa nacional muestra otra realidad: apenas 16 han sido completamente remozados, mientras que otros presentan avances parciales, sin evidencia clara de funcionalidad ni continuidad. Y peor aún: en al menos 29 de ellos no hay información pública verificable sobre su estado. El eslogan de la modernización hospitalaria, lejos de representar una ampliación de la cobertura real, parece operar como estrategia de ocultamiento de un fenómeno inverso: la contracción efectiva de los servicios, disfrazada de progreso.
El esfuerzo estatal se ha concentrado de manera notable en centros especializados, hospitales de referencia y obras de alto perfil simbólico. Aunque estos espacios responden a la demanda de servicios complejos, su efecto ha sido desplazar la inversión desde el territorio hacia los polos urbanos, reproduciendo la fragmentación del sistema y dejando intacta la precariedad del primer nivel de atención. En consecuencia, la promesa de modernización no se traduce en accesibilidad, sino en centralización. Se fortalece el hospital como vitrina tecnológica, mientras se debilita el entramado comunitario que podría actuar sobre los determinantes cotidianos de la salud.
Los datos muestran el desequilibrio: los hospitales especializados se imponen como escaparates políticos, mientras las unidades de atención primaria continúan sin agua, con filtraciones, sin personal médico permanente y con equipamiento mínimo. La vida cotidiana de la población, esa donde se enferma y se sobrevive, queda fuera de la ecuación.
Cuando se observa desde una perspectiva que asume la salud como proceso histórico y social y no como un servicio aislado ni una mercancía, esta estrategia no es neutra: responde a una lógica funcional al modelo de acumulación.
La infraestructura no se orienta a garantizar derechos, sino a absorber demanda contenida, reforzar circuitos de financiamiento segmentado y sostener el imaginario de eficiencia tecnocrática. Se invierte donde se puede medir, donde se puede inaugurar, donde se puede controlar el relato. Pero donde se gesta la salud, en los barrios, campos, bateyes y periferias, la inversión sigue sin llegar.
Este enfoque contrasta con el mandato de construir un sistema capaz de responder a la complejidad sanitaria del siglo XXI. Hoy, las condiciones de salud están determinadas por procesos ecológicos, sociales, simbólicos y subjetivos que rebasan los muros del hospital. La salud no comienza en la camilla ni en la sala de espera: comienza en la vida cotidiana. Por eso, una infraestructura pública verdaderamente transformadora no puede limitarse a grandes hospitales. Debe ser un tejido capilar que conecte la casa, el barrio, el trabajo, la alimentación con una red territorial que responda a las dinámicas concretas de la determinación cotidiana de la salud.
El modelo epidemiológico alternativo multinivel, como herramienta de análisis, permite comprender la complejidad de la salud más allá de lo que ofrece la epidemiología tradicional. Desde esta perspectiva, la infraestructura de salud no es un fin en sí mismo, sino una condición para acompañar los procesos protectores en los territorios y resistir los procesos destructivos que emanan no solo del sistema de salud, sino también del sistema económico, ambiental y cultural dominante. La ausencia estructural del primer nivel impide precisamente eso: anticipar, contener y transformar los procesos de daño antes de que se agraven y demanden intervenciones hospitalarias costosas y fragmentadas.
Finalmente, el desafío no se agota en el ámbito nacional. La salud en el siglo XXI está determinada también por dinámicas del nivel internacional: crisis climática, pandemias, desplazamientos forzados, cadenas de suministro de medicamentos y alimentos, flujos financieros y políticas de deuda. En este contexto, la infraestructura hospitalaria debe ser entendida como parte de una estrategia soberana, situada y articulada a una visión de salud como derecho colectivo, no como activo político.
No se niega que ha habido movimientos y obras. Pero el análisis no debe quedarse en lo visible, sino desplazarse hacia lo omitido: el silencio territorial, la fragilidad comunitaria y la ilusión de cobertura. Esa es la deuda que la propaganda no puede esconder; es la deuda que la propaganda no puede pagar.
El autor es miembro del Núcleo República Dominicana – GT Salud Internacional CLACSO, profesor universitario y exdirector de hospitales.
Por: Roberto Lafontaine.