El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre del año pasado la resolución 2699-2023, que autoriza el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití, aprobada a través de la disposición Capítulo VII de la Carta de la Organización, mediante la cual el Consejo puede autorizar el uso de la fuerza después de que se hayan agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Este es un proceso liderado por Haití, y la Comunidad del Caribe (Caricom), la misión estará dirigida por un comisionado de policía de Kenya. Esta misión tiene como objetivo reforzar a la policía local en la lucha contra las pandillas que actualmente invaden la capital de Haití, Puerto Príncipe. La misión fue autorizada por un periodo de un año. Es importante señalar que esta misión no es una misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, como ocurrió con la (Minustah), que finalizó en 2017.
No cabe dudas que, en materia de seguridad nacional, nuestras Fuerzas Armadas y el gobierno en su conjunto tienen otro reto por asumir de cara al despliegue de la misión multinacional que se espera en las próximas semanas arribe el país vecino de Haití.
Es cuando más se requiere de un trabajo mancomunado por parte de nuestro gobierno, “desde los aspectos diplomáticos, hasta los de seguridad y defensa militar”, con el objetivo de evitar que las situaciones que se generen en el territorio haitiano tengan una repercusión negativa en la zona fronteriza en perjuicio del territorio dominicano.
Un punto neurálgico al que se le debe prestar atención es al mercado binacional fronterizo en la localidad de Juana Méndez, área en la que se puede generar bastante tensión en los días en el que país vecino se encuentre bajo la intervención de dicha fuerza multinacional. Otro foco es la cercanía de lugareños cerca del canal haitiano que se construyó en el rio Dajabón, lo que pudiera ser para nosotros un dolor de cabeza, ya que ante dicho escenario se pueden presentar una serie de conflictos que afecten el desarrollo normal de la actividad comercial de dicha zona, convirtiendo así esto en un punto de controversia política, y comunicacional, del cual algunos sectores de la cúpula haitiana pudiera sacar provecho ante la comunidad internacional.
El desarrollo de nuevas estrategias en los puntos de control fronterizo, el aumento del personal militar, el uso de nuevas tecnologías y equipamiento sofisticado tales como: drones de vigilancia, sensores de movimiento, y la implementación de identificación mediante datos biométricos, en esas áreas, nos ayudaría a que como territorio haya una salvaguarda adecuada en los próximos meses de los espacios que nos corresponden como país proteger.
Sobre todo, el compromiso político de los funcionarios de la zona fronteriza, como de aquellos que legislan en todo el territorio nacional, debe destacarse en aras de lograr la preservación de los intereses nacionales, y el fortalecimiento del desarrollo nacional.
No es verdad que actuamos de forma xenofóbica contra nuestros vecinos haitianos. Como ciudadanos y como país, tenemos leyes, y el fortalecimiento de nuestro Estado se fundamenta sobre ese eje”.
Por: Sabdy Lemuel Guerrero Pimentel