RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público advirtió mediante un comunicado que responderá con «medidas cautelares» a quienes realicen “campañas de descrédito” en su contra, asegurando que las mismas son financiadas de manera ilícita y buscan la obstrucción de procesos legales contra funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
De acuerdo con el documento, el órgano persecutor arremetió indirectamente contra “la campaña financiada por el exministro de Hacienda Donald Guerrero en Estados Unidos” y defendió los acuerdos conseguidos con imputados en diferentes casos de corrupción.
En ese orden, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó el domingo que, ante la contundencia de las pruebas, un total de 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el MP acuerdos para aceptar su culpabilidad y que, en todos los casos concluidos, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales.
Asimismo, garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina.
Indica que, desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.
“Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente”, detalla.
Respuesta a Benjamin Cardin
La comunicación puede considerarse, también, como una respuesta a las declaraciones del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EE.UU., Benjamin Cardin, quien expresó preocupación por “el compromiso de luchar contra la corrupción en RD”, el cual sería su principal motivación, pues el MP tiene una serie de casos abiertos que forman parte de la supuesta “lucha” que prometieron intensificar a través de la Procuraduría Especializada de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Dicha batalla anticorrupción ha sido cuestionada porque “la mayoría de las acusaciones involucran a exfuncionarios de la oposición, mientras que los escándalos que han salido a la luz y comprometen a miembros del partido del Gobierno son ignorados por el órgano persecutor”.
Mientras tanto, en el comunicado antes citado, el órgano acusador consideró como deshonesto y poco profesional el cuestionamiento “de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales”.
Agrega que “pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente”.
“No van a intimidarnos”
Sobre las supuestas campañas nacionales e internacionales que se llevan a cabo, el escrito establece que “es necesario que estén claros que por más lobbistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos”.
Indica que «estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos».
Precisa que “el Ministerio Público no contrata opinadores para que mientan en su favor, ni manipula la verdad por intereses particulares. Sus acusaciones son públicas en la etapa procesal correspondiente y están disponibles en los tribunales para cualquier ciudadano que las quiera leer”.
