Cuando el Estado decide crear un órgano como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las palabras elegidas no son inocentes. Configuran un mandato político, ético e histórico que exige ser interpretado como ruta institucional. No se trata de un simple reordenamiento administrativo, sino de una declaración de principios sobre el tipo de sociedad que aspiramos a construir.
Sin embargo, los debates públicos han tendido a reducir su rol a funciones meramente administrativas. Esta mirada limitada ignora el potencial transformador del Ministerio como articulador estratégico de la política gubernamental en derechos humanos, garante del bienestar social y custodio de la dignidad humana.
La Constitución Dominicana, en su artículo 38, consagra la dignidad humana como fundamento del orden político. Esto obliga al Estado a reconocer las subjetividades históricas, proteger los derechos fundamentales y actuar como garante activo de la inclusión y la equidad.
En ese marco, el Ministerio no se limita a la política criminal, la representación judicial o la asistencia procesal del Estado. Su rol se amplía, especialmente a través del Viceministerio de Derechos Humanos, que debe liderar la coordinación interinstitucional de políticas públicas éticas, reparadoras y estructurantes. Ese Viceministerio no es una unidad técnica ni un apéndice administrativo. Es el corazón ético del Ministerio, responsable de diseñar, coordinar y evaluar la política pública en derechos humanos desde una lógica de transversalidad, participación y justicia estructural. Articular el Sistema Nacional de Derechos Humanos, integrando órganos como CONADIS, CONAPE, Defensoría Pública, Protecom, Proconsumidor, Prousuario, el sistema judicial y las instancias de tutela sectorial (Juventud, Mujer, Niñez, Medio Ambiente).
Representar al Estado ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cumpliendo compromisos derivados de tratados internacionales, Impulsar procesos de formación ética del funcionariado, promoviendo una cultura institucional basada en la dignidad, la inclusión y la reparación histórica, Construir mecanismos de participación ciudadana, que permitan a las comunidades vulnerabilizadas incidir en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.
Este Viceministerio debe ser liderado por personas con profundo conocimiento técnico, sensibilidad social y compromiso ético. No se trata de ocupar un cargo, sino de encarnar un mandato institucional que dignifique.
Como hemos dicho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no choca con el rol del Defensor del Pueblo. Por el contrario, lo fortalece. Mientras el Defensor del Pueblo actúa como órgano constitucional independiente, vigilante de la buena administración pública y defensor de los derechos fundamentales ante abusos u omisiones del Estado, el Ministerio —a través del Viceministerio— diseña y coordina políticas públicas que prevengan esas vulneraciones y promuevan la inclusión estructural.
Ambos forman parte de una arquitectura institucional que debe dialogar, cooperar y construir garantías desde distintos ángulos: uno desde la tutela ciudadana, otro desde la rectoría política. Esta complementariedad es clave para consolidar un Estado social y democrático de derecho.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apenas nace. Orientarlo no requiere de grandes rupturas, sino de voluntad política, sensibilidad institucional y una profunda formación ética y profesional del funcionariado. Gobernar en derechos humanos no es aplicar protocolos burocráticos, sino encarnar principios y construir políticas que reparen las desigualdades históricas.
Quienes sean llamados a liderar esta misión —en especial desde el Viceministerio— deben honrar la meritocracia y comprender que la vocación pública no admite populismos ni clientelismos.
No espero ser el Montesinos con la voz que clama en el desierto, pero sí creo que toda arquitectura institucional que pretenda dignificar debe comenzar por escuchar. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no nace por inercia técnica ni coyuntura política: nace como compromiso ético con una sociedad que exige reparación, inclusión y futuro. Y en ese horizonte, el silencio no es neutral: es omisión.
El autor es abogado, docente Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano. Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa–RD, Autor de Reflexioners sdobre derechos humanos
Por Juan Manuel Morel Pérez
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