EL NUEVO DIARIO, SÃO PAULO. – El Ministerio de Ambiente de Brasil aseguró este lunes que la autorización a Petrobras para explorar reservas marítimas de petróleo frente a la Amazonía, una decisión fuertemente cuestionada por los grupos ambientalistas, se dio tras «un riguroso proceso de análisis ambiental».
En una nota divulgada a varias horas de que se conozca la noticia del licenciamiento, la cartera encabezada por Marina Silva enfatizó en que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), ente a cargo de la aprobación, «exigió mejoras indispensables al proyecto» durante la etapa de estudios previos, sobre todo en lo que respecta a «las medidas de respuesta ante emergencias».
Según el ministerio, las inspecciones del Ibama se extendieron por más de una década y contaron con diversas exigencias, como la elaboración de un estudio de impacto ambiental, la realización de tres audiencias públicas y 65 reuniones técnicas sectoriales, además de auditorías varias en las estructuras destinadas a atender emergencias.
Y resaltó que Ibama solicitó a Petrobras una serie de mejoras que fueron implementadas, como la construcción y puesta en marcha de un nuevo centro de rehabilitación y despetrolización «de gran tamaño», que se suma a otro ya existente; la inclusión de embarcaciones dedicadas al cuidado de la fauna afectada por el petróleo y otros «recursos» estratégicos para brindar una respuesta rápida en caso de incidentes.
Además, el ministerio informó que, durante la actividad de perforación, se realizará un nuevo ejercicio simulado de respuesta a emergencias, focalizado en estrategias de atención a la fauna.
En tanto, la cartera aclaró que el Ibama se encarga de «evaluar la viabilidad técnica del proyecto en cuestión» y no tiene bajo sus competencias analizar «aspectos de oportunidad y conveniencia para explotar o no petróleo», decisión que corresponde plenamente al Consejo Nacional de Política Energética.
La petrolera estatal Petrobras recibió este lunes una licencia para explorar un área situada a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, una decisión celebrada por miembros del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pero fuertemente criticada por las ONGs ambientalistas, a menos de un mes del inicio de la COP30, que se celebrará en la ciudad amazónica de Belém.
El Ibama defendió en un comunicado el «rigor» del proceso de licenciamiento y dijo que Petrobras mejoró «sustancialmente» el proyecto presentado en un inicio, sobre todo en lo que se refiere a los planes de respuesta ante posibles emergencias como un vertido en el mar.
Este órgano autónomo vinculado al Gobierno llegó a rechazar el primer pedido de la petrolera en 2023 por «inconsistencias técnicas», pero luego Petrobras recurrió y aportó más informaciones para tratar de revertir la decisión.
