RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, respondió este miércoles al presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, sobre la supuesta acusación de prevaricación en el caso de la denuncia contra el ex ministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo.
A través de un comunicado, Bosch refirió que el 02 de octubre del 2023 llegó a la Digeig la denuncia No. D23-0080, en la que de la Rosa expone una presunta omisión en la Declaración Jurada de Patrimonio del entonces ministro de educación.
En ese orden, la directora de la institución, indicó que el informe detallado —publicado como anexo— cumple con la rectoría que impone la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y permite a la ciudadanía comprobar las diligencias realizadas, las instituciones consultadas, la documentación obtenida y las inversiones verificadas.
De igual manera, le recordó a de la Rosa que aparentemente “olvidó” el papel rector de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la aplicación de la Ley No. 311-14, órgano constitucional responsable del control, fiscalización, aplicación y adopción de las medidas correspondientes ante los incumplimientos en las Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos obligados en virtud del artículo 2 de la referida ley.
Asimismo, la institución dispuso en el documento los hallazgos del informe:
- En la primera Declaración Jurada de Patrimonio del Dr. Hernández fue presentada de manera extemporánea y además fue omitida la inclusión de activos propiedad de una empresa familiar.
- b) Durante el curso de la investigación, el Dr. Hernández presentó una rectificativa de su Declaración Jurada, la cual fue acogida como válida por la Cámara de Cuentas, conforme al reglamento de aplicación de la Ley No. 311-14.
- c) En consecuencia, al momento de concluir la investigación, la denuncia carecía de objeto legal, pues la Cámara de Cuentas —órgano constitucional rector en esta materia— ya había validado la rectificación.
Milagros Ortiz Bosch aseguró que la actuación de la Digeig se ajustó en todo momento a los principios de legalidad y debido proceso, investigando los hechos en base a las normas aplicables, respetando las competencias de los órganos rectores, el debido proceso y garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados.
“No hemos prevaricado. Conocemos la gravedad de esta figura en el ordenamiento jurídico. En el informe no hay alteración de hechos ni desnaturalización de los mismos: únicamente se cumplió con el deber institucional de respetar las facultades la Cámara de Cuentas”, concluyó.
