RESUMEN
A través de los años, la migración ha sido un fenómeno constante en la región, que más allá de las necesidades internas de cada país, surge de los intereses particulares de quien emigra en búsqueda de materializar sus objetivos fundamentales o extraordinarios fuera de su zona de comfort.
Así las cosas, países de Latinoamérica, que conciben en común, la migración como un fenómeno inevitable, al entender cómo el traslado dentro de la misma región, de sus habitantes ha ido cobrando fuerza frente al clásico modelo tradicional de desplazamiento hacia los Estados Unidos y Europa, conforme a datos arrojados por los estudios más recientes de la Organización Internacional de Migración; se diferencian entre unos y otros, en la forma en que la gestionan; por ejemplo, Argentina, basándose en su ley de migraciones, que incluye el respeto a los derechos humanos y el respeto a los compromisos internacionales, utiliza el sistema online Sicam para registrar los movimientos migratorios, con la aplicación de normativas que van desde la exigencia de seguros de salud para extranjeros, la aplicación de medidas de deportación con énfasis en las personas con antecedentes penales y el establecimiento de requisitos estrictos para la residencia.
Argentina, que según datos ofrecidos por su Dirección General de Migraciones, en el año 2023, recibió 46.6 millones de extranjeros, aplica tecnología moderna y sistemas digitales que permiten controlar sus fronteras con Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, con herramientas tales como el protocolo I 24/7, que se encuentra conectado a la interpol, fungiendo como un sistema mundial de comunicación policial que conecta entre sí a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley de los países miembros, permitiendo a los usuarios habilitados intercambiar información vital, con acceso a las bases de datos y a los servicios de interpol, las 24 horas al día, los 7 días a la semana; y sistemas como el API, que provee la información anticipada de pasajeros y el PNR, que permite verificar a los viajeros que recibe el país, con información más detallada, abarcando desde la trazabilidad del vuelo y datos sobre sus reservas de alojamiento.
En el caso de Colombia, cuyo regimen migratorio se encuentra regulado por la Ley 1465-2011, ha enfocado sus políticas públicas en ofrecer asistencia integral a quienes llegan al país, desde el control hasta la ayuda humanitaria, a través de vehículos legales tales como el CONPES 3603, para la política integral migratoria y el CONPES 3950, para la regularización de la migración venezolana, país que conforme al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), ha generado una escala de sus nacionales hacia Colombia, que se situaba en el 2020, en 1,824,907 venezolanos, hasta 2,875,743 venezolanos en el 2023, a quienes les han favorecido las políticas actuales que promueven su integración social, en comunidades de acogida, aprovechando espacios como las escuelas para fomentar la interacción y el desarrollo de habilidades socioemocionales, con la promoción constante de la sinergia entre instituciones, comunidades de acogida y las organizaciones de migrantes.
Sin lugar a dudas, una migración ordenada impulsa la productividad y reduce tensiones sociales, debido a que permite a los migrantes el acceso a empleos formales, con mejor remuneración, aumentado así su integración económica, lo cual se traduce en una fuerza laboral más cualificada y diversa que cubre lagunas del mercado, estimulando la economía y el crecimiento del producto interno bruto del país receptor. Los migrantes que cuentan con un estatus legal, pueden acceder a servicios, que facilitan su integración a la sociedad y disminuye la competencia desleal, dejando a un lado los problemas sociales asociados a la migración irregular.
De su lado, el fenómeno migratorio en la República Dominicana, debe ser estudiado desde su contexto histórico y cultural, aterrizando en una realidad actual en la que se recibe un flujo migratorio constante, que nos abre retos en servicios públicos, el mercado laboral y sobretodo, en el ámbito de la seguridad, por la situación actual que atraviesa el vecino país y su estallido político-social. El desafío actual de regular la migración, parte del interés primordial de cuidar nuestra soberanía, de la mano con el equilibrio social que procura la estabilidad económica.
La inversión del sector empresarial, en ramas como la construcción y la agroindustria, ha visto su crecimiento durante los últimos años sobre la base de la seguridad jurídica que garantiza nuestro país; de ahí, que apoyar las políticas del Estado, encaminadas a la formalidad y regulación a cargo de las instituciones que tienen sobre sus hombros, la ardua tarea de preservar la paz social de nuestro territorio, es parte fundamental del rol que debe jugar el empresariado, en un momento en el que la unidad nacional se impone frente a las turbulencias que actualmente sacuden el orden mundial.
Nuestra nación ha avanzado significativamente, en el control migratorio, a través de la modernización de procesos tecnológicos, tales como la implementación de sistemas digitales para el control migratorio en aeropuertos y nuestra frontera. Hoy día, contamos con la consistencia de operativos de control fronterizo más eficientes y que reducen la informalidad, protegiendo así la seguridad, de la mano con el fortalecimiento de prácticas modernas de gestión migratoria, que a la par de preservar los derechos humanos de los migrantes, también han reforzado la concepción de respeto a nuestra Ley 285-04 y su reglamento de aplicación contenido en el Decreto 631-11, con la clara demostración de que estos instrumentos legales funcionan, gracias a la determinación de quienes operan las políticas migratorias de nuestro Estado.
Ante lo descrito, el Sector Privado, tiene un rol clave, en el que aparte de cumplir con la normativa migratoria y apostar por la formalización, se deben apoyar las políticas de orden vigentes y tendentes a garantizar la paz social que sirve de base al crecimiento sostenido de nuestra nación.
El futuro de la migración en República Dominicana, es más que un desafío, es la oportunidad de crecimiento compartido entre Estado, empresas y ciudadanos.
Por William Encarnación
Abogado especializado en Responsabilidad Civil, socio de Plus Legal, con alta experiencia en asesoría Legal Estratégica y Recuperación de Activos Financieros.
Correo: wencarnacion@grupoplusrd.com