Hablar de la frontera dominico-haitiana es hablar de una herida abierta, de un espacio olvidado por el Estado y aprovechado por redes criminales, traficantes de personas, narcotraficantes y contrabandistas que hacen su agosto todos los días. Es también hablar de seres humanos que cruzan con miedo, hambre y desesperación, y de militares que muchas veces, por corrupción o indiferencia, se convierten en cómplices silenciosos de ese caos.
El reto de la República Dominicana no es nuevo: proteger su soberanía sin perder su humanidad. Pero en los últimos años, el equilibrio se ha perdido por completo. Lo que debería ser una política migratoria firme y bien estructurada se ha convertido en una improvisación permanente, más enfocada en el ruido mediático que en los resultados reales.
La frontera está desbordada. Nadie lo duda. A diario entran decenas, cientos de ciudadanos haitianos sin documentos, muchos guiados por redes de tráfico humano que operan con total impunidad. Pero eso es solo una parte del problema. Por los mismos pasos ilegales también cruzan armas, drogas, mercancías prohibidas y productos de contrabando. La frontera se ha convertido en una autopista del crimen, y detrás de todo eso hay una red de corrupción bien aceitada que involucra desde rasos hasta altos mandos militares, desde transportistas hasta autoridades locales. Nadie controla nada. Y lo que es peor: a veces, ni les interesa.
Pero aquí es donde hay que hacer una pausa y comparar. Porque no siempre fue así.
Durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se avanzó en serio hacia un control fronterizo más responsable y menos caótico. Se creó el CESFRONT, se instalaron equipos tecnológicos, se fortalecieron los puntos de vigilancia, se aplicaron controles biométricos y, lo más importante, se puso en marcha el Plan de Regularización de Extranjeros, una iniciativa que buscó organizar, sin populismo ni odio, la realidad migratoria en nuestro país.
¿Era perfecto? No. Pero sí era un modelo coherente. Una política de Estado, no una reacción de redes sociales.
Hoy, en cambio, vemos una frontera más frágil, más vulnerable y más peligrosa que nunca. La migración ilegal ha aumentado, el tráfico de armas se ha intensificado, el narcotráfico opera con facilidad, y el contrabando florece como nunca. La respuesta del gobierno actual se limita a deportaciones masivas, muchas veces arbitrarias, que violan derechos humanos y dañan la imagen del país en los foros internacionales. A eso se le suma una retórica agresiva que vende un nacionalismo de vitrina, pero no resuelve nada en el terreno.
República Dominicana necesita una política migratoria seria. Necesita limpiar las instituciones encargadas del control fronterizo, cortar los tentáculos de la corrupción militar y civil que permiten no solo el paso de indocumentados, sino también el tráfico de armas y drogas, y recuperar el control de su territorio sin caer en la deshumanización.
No se trata de abrir las puertas ni de cerrar los ojos. Se trata de aplicar la ley con firmeza, pero también con justicia. Se trata de tener una frontera segura, no una selva donde manda quien paga más. Y sobre todo, se trata de recordar que defender la patria no es sinónimo de atropellar al otro.
El país no puede seguir improvisando. Urge una visión clara, firme, humana. Y esa visión, lo digo con responsabilidad, fue mucho más evidente cuando el PLD tenía las riendas del Estado.