RESUMEN
Desde este lado del Caribe, uno observa con asombro —¡waoo, de verdad!— y con no poca preocupación lo que está ocurriendo en México. En una nación donde la justicia ha sido vista por años como un club exclusivo, lejano del ciudadano común, ahora se ha dado un giro que muchos califican de histórico: el pueblo eligió directamente a jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte. A primera vista, suena como un paso hacia una democracia más participativa. Pero como decimos en Dominicana, “me tiene chivo”.
Aunque el 82 % de los votantes expreso estar de acuerdo con la elección directa de jueces, y el 81 % cree que esta medida fortalecerá la democracia, los datos revelan intención no es voto y que le acompaña una realidad más compleja:
Solo entre el 12.5 % y el 13.3 % del padrón electoral participó en los comicios.
Un 26 % de los que no votaron lo hicieron porque consideraron que todo era una farsa.
Más del 30 % de los encuestados no supo identificar a ningún candidato a ministro de la Corte.
Con estos datos sobre la mesa, la pregunta es inevitable: ¿esto es justicia pa’l pueblo o un paso en falso?
La idea de que el pueblo elija a sus jueces puede sonar atractiva en un país con una larga historia de corrupción y elitismo judicial. Por lo menos, ese es el espíritu de la llamada “Reforma Constitucional al Poder Judicial”. Pero la democracia no se trata solo de votar; también implica garantizar que las instituciones funcionen con profesionalismo, imparcialidad y estabilidad.
En estas elecciones, más de 3,400 candidatos compitieron por 881 cargos, previamente depurados por el Poder Legislativo. Muchos de ellos sin experiencia judicial, sin trayectoria académica y sin propuestas claras. ¿Cómo puede un ciudadano promedio, sin formación legal, evaluar adecuadamente a tantos aspirantes? La falta de información clara y accesible convierte el voto en una apuesta más que en una decisión informada.
Los puestos sometidos a elección incluyeron:
9 Ministras o Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF
5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial
464 Magistraturas de Circuito
386 Jueces de Distrito
Paradójicamente, quienes más podrían beneficiarse de un Poder Judicial debilitado no son los ciudadanos, sino los actores que buscan impunidad: políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y organizaciones criminales. Un juez electo por voto popular podría sentirse presionado a responder a intereses locales o a quienes financiaron su campaña, en lugar de apegarse estrictamente a la ley.
Esta reforma ha puesto sobre la mesa una discusión urgente: el Poder Judicial necesita abrirse, rendir cuentas y recuperar la confianza ciudadana. La elección popular puede ser un primer paso hacia una mayor transparencia, siempre y cuando se acompañe de filtros técnicos, campañas de información y mecanismos que garanticen la idoneidad de los candidatos.
Las elecciones judiciales en México han sido catalogadas como experimento audaz, pero también arriesgado. Democratizar no es debilitar. Si el objetivo es una justicia más cercana al pueblo, el camino debe incluir participación ciudadana, sí, pero también profesionalismo y verdaderas garantías de independencia. Si no se amarra bien esa reforma, podríamos estar cambiando un juez de toga por uno de campaña.
Por: Eddy Pérez.