RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Valentín Medrano afirmó que todos los procesos por corrupción administrativa que llevan más de cuatro años sin una decisión judicial definitiva están legalmente vencidos y que cualquier interpretación para extender los plazos o prolongar los casos constituye “prevaricación”.
El abogado criticó que en el país se invoque el concepto de “plazo razonable” para justificar la prolongación de los casos, argumentando que ese principio solo favorece al órgano persecutor.
“Aquí el Ministerio Público puede recurrir hasta tres veces en un proceso penal, dependiendo de la etapa: puede recurrir un auto de no ha lugar, puede recurrir la sentencia absolutoria y puede recurrir la decisión en apelación. Ahora cometieron el fiasco, en el caso Odebrecht, de recurrir la decisión de la Suprema Corte de Justicia dictada en casación”, manifestó.
Medrano emitió estas declaraciones durante una entrevista en el programa “El Nuevo Diario AM”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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“El artículo 110 de la Constitución establece que ninguna ley puede prolongar un estadio situacional de afectación de una garantía de derecho que una ley anterior haya fijado en beneficio de una persona. Pero también dispone que, cuando se modifica una ley, en materia de derecho penal y procesal penal, el imputado se beneficia de la ley que le sea más favorable”, detalló.
En ese contexto, fustigó que muchos de los errores y fracasos procesales en los casos de corrupción han sido presentados ante la opinión pública como logros, cuando en realidad reflejan fallas graves en la conducción de los casos.
“Todos esos dislates, esos errores, esos fracasos procesales los venden como ganancias, porque en este país no somos capaces de decir ‘me equivoqué’”, expresó, y puso como ejemplo la elaboración de expedientes de miles de páginas, sin que ello garantice resultados judiciales efectivos.
En ese sentido, afirmó que la ciudadanía suele atribuir estos retrasos al Ministerio Público, cuando en realidad son los jueces quienes tienen la responsabilidad de conducir adecuadamente los procesos y velar por el respeto de los plazos.
Precisó que esto se debe a que se ha construido una narrativa en torno a la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, sostuvo que, en la práctica, ese órgano ha actuado como “brazo armado del Gobierno”, impulsando una serie de acusaciones que hoy enfrentan cuestionamientos por el vencimiento de los plazos legales.
