Existe un verdadero peligro de desintegración política y social. El peligro crece con la actitud de los gobiernos que adoptan acciones y toman decisiones que solo cuentan con apoyo de los medianos y grandes capitales. Sus medidas nacen desde una óptica egoístamente económica, sin tomar en cuenta a la sociedad y sus necesidades perentorias y urgentes. Es que los gobiernos que se olvidan del factor social y sus variables, aceleran la desintegración política, entrando en una etapa peligrosa de estallidos sociales.
Aquí en nuestro lar, estuvimos a un tris de iniciar un proceso de deterioro social sin precedentes recientes, pero, con el asomo fantasmagórico de lo sucedió en abril de 1984.
Por tales razones, se hace necesario puntualizar, que la desintegración social tiende a acentuarse en períodos de transición ya sean económicos o políticos. En el afán de cumplir metas mecánicas sin rostro humano, los gobiernos aceleran la transición económica, empujados por las deudas, los déficits y los fenómenos de la globalización.
Sin darse cuenta entran en la sustitución de modos de producir riqueza, cambiando la cultura del trabajo, al acrecentarse el desempleo.
En un futuro no muy lejano (sin que medien las actitudes de nuestros gobiernos), esta situación se va a empeorar con la implantación obligada de modos de producción que se sustentarán en la ocupación intensiva de la fuerza de trabajo y la ineludible implementación de las tecnologías 4.0 y 5.0, altamente sofisticadas y que procuran el ahorro de compra de fuerzo laboral.
Es una realidad en la que la fuerza de trabajo es sustituida por los avances electrónicos, en donde se robotizan las acciones industriales y comerciales.
Las condiciones materiales de la existencia de las personas se empeorarán en ese escenario, empujando a una masa enorme de trabajadores al mercado laboral del desempleo, con poca calificación de calidad en los oficios en que se ganaban la vida. Sobre ese caldo de cultivo surge una oleada de criminalidad, la que se organiza en perspectiva de subsistencia ante la desintegración social.
El panorama que se avizora es de una transición económica, recayendo sobre América Latina en una larga y compleja transición política, entre regímenes autoritarios que no podrán sostenerse en el poder de sus Estados y unos gobiernos democráticos que aún carecen de institucionalidad. Por estar carentes de fortaleza social y política, en muchos casos estas sociedades entrarán en crisis.
Por lo antes dicho, es tan importante consolidar la democracia en nuestro país, como una forma de asegurarnos un futuro sin traumas sociales ni retrocesos políticos.
Desde esa visión de previsión político-administrativa, la nación dominicana debería trabajar en la mejora de la democracia, como una de las formas para preservar la gobernabilidad en un ambiente de incertidumbre global. Aunque no queramos creerlo, la situación actual puede convertirse en exógenas agendas de conflictos, creando escenarios de conductas sociales ingobernables.
La desintegración política, en algunos casos es tan dañina, que produce expresiones delictivas incontrolables e imposibles de que se pueda ejercer control social sobre ellas, y en consecuencias, tener que adoptar métodos represivos que alejan a los gobiernos del régimen de los derechos inalienables.
Todo lo anterior lo acotamos, porque un Estado que no puede controlar socialmente a su población, se convierte en una organización incapaz de garantizar seguridad ciudadana a través de sus aparatos de represión.
Desde ese resquicio de la avanzada desintegración política, como consecuencia de los elevados índices de violencia y de la deficiente presencia de la autoridad del Estado, en partes del territorio nacional surgen soluciones a través de las empresas privadas de seguridad.
No es para alarmar a las autoridades, pero, su número puede superar en pocos años el de la policía nacional.
El tema es interesante, mientras tanto, la privatización de la seguridad a través de este mecanismo, afronta importantes retos. Desafíos como, la realidad de una legalidad imprecisa, el déficit de experiencia, formas incompatibles con los derechos civiles y humanos, y el riesgo de una escalada de arsenales en manos privadas, sin controles efectivos de orden público.
Por Francisco Cruz Pascual