Las cuotas de mantenimiento se han disparado en torres y residenciales del país, alcanzando montos que rivalizan con un alquiler. Propietarios denuncian falta de transparencia y piden regulación urgente.
Comprar un apartamento en República Dominicana se ha convertido en una trampa. Lo que debía ser una conquista, un techo propio, liberarse de los alquileres, se ha transformado en una pesadilla financiera gracias a un cobro disfrazado bajo el nombre de “mantenimiento”.
En teoría, esas cuotas deben cubrir limpieza, seguridad, luz y agua en áreas comunes, ascensores y un fondo de reserva para reparaciones. En la práctica, se han vuelto un negocio paralelo de juntas de condominio y administradores que imponen aumentos desmedidos, sin rendición de cuentas y sin respeto por los bolsillos de los propietarios.
Las cifras son vergonzosas. En Juan Dolio, un apartamento de entre 90 y 230 metros cuadrados paga desde 200 hasta 400 dólares mensuales. En el Distrito Nacional, sectores como Piantini, Naco y Evaristo Morales manejan cuotas de 12 a 18 mil pesos, y en torres de “lujo” ya superan los 25 mil pesos. ¿Cómo se explica que una familia, además de pagar la hipoteca, tenga que asumir un mantenimiento que equivale a otro alquiler?
Lo más indignante es que en otros países se paga menos por más. *En Miami, el mantenimiento de un condominio similar ronda los 150 a 250 dólares*, incluyendo seguridad y áreas sociales impecables. En *Panamá, la cuota suele ser de 100 a 200 dólares*, muchas veces con agua y gas incluidos. Aquí, en cambio, pagamos más caro, con menos servicios y sin transparencia.
¿Desde cuándo la limpieza de un lobby o la luz de un pasillo cuestan como una mensualidad de alquiler? ¿Desde cuándo ser propietario equivale a sentirse inquilino en su propia casa?
Un llamado urgente
Los propietarios exigimos regulación y transparencia. Urge una ley nacional que establezca límites claros a las cuotas de mantenimiento que impida aumentos arbitrarios y obligue a las administraciones a rendir cuentas auditadas. El Congreso Nacional, el INVI y los ayuntamientos no pueden seguir ignorando este abuso que golpea a la clase media.
No más cuotas infladas. No más administradores abusadores. Comprar un apartamento no puede seguir siendo una condena económica disfrazada de logro.
Ya basta!
La autora es periodista, locutora, licenciada en leyes, líder comunitaria, empresaria