Las malas prácticas en el ámbito de la inversión y contratación pública constituyen un problema endémico que requiere análisis desde diversas aristas. En lo que respecta al impacto fiscal, por ejemplo, el Gobierno está eludiendo la aprobación de endeudamiento por parte del Congreso Nacional para impulsar el ambicioso plan de inversiones del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM).
Esta omisión conlleva la no consolidación de tal deuda en las estadísticas financieras públicas, generando problemas de transparencia y poniendo en riesgo la calidad crediticia y la estabilidad económica del país.
El esquema organizativo del Fideicomiso FITRAM es análogo al de otros fideicomisos públicos, como el Fideicomiso RD Vial, y está compuesto por un Comité Técnico adscrito al Ministerio de la Presidencia, que actúa como fideicomitente y fideicomisario, y que instruye a la Fiduciaria Banreserva sobre las directrices a seguir en asuntos de contratación de obras, servicios y endeudamiento. Aunque su estructura financiera debería, en teoría, generar ingresos suficientes para cubrir costos operativos y de mantenimiento, además de financiar inversiones sin garantías ni avales estatales, en la práctica esto no es así, y las normas fiscales internacionales indican que la deuda de estas inversiones debería ser consideradas deuda pública.
Siguiendo las pautas del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI del año 2014, que ha sido adoptado por el Ministerio de Hacienda para la clasificación y consolidación de entidades en el Sector Público, el Estado es el verdadero Propietario Económico de los activos de estos fideicomisos. Esto se debe a que asume los riesgos sustanciales y se erige como principal beneficiario. Por lo tanto, el gasto de inversión realizado y la deuda correspondiente deberían reflejarse en la contabilidad nacional, al margen de lo que estipule la Ley de Fideicomisos Públicos.
En este sentido, las inversiones en ejecución y proyectadas por el FITRAM, que ascienden a aproximadamente RD$140,000 millones (incluyendo RD$40,000 millones para el Monorriel de Santiago, de los cuales ya se han contratado RD$25,028 millones, y RD$100,000 millones para el Tren Metropolitano de Santo Domingo), deberían consolidarse en la contabilidad nacional conforme se vayan contratando, considerando el pasivo correspondiente como deuda pública. Una directriz similar debería aplicarse al Fideicomiso RD Vial, que acumula una deuda de RD$48,876 millones no reflejada en las estadísticas financieras públicas.