EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Magaly Medina, quien fungió en el Gobierno de su hermano Danilo Medina como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), imputada en la operación Antipulpo, expresó este jueves que en casi tres años que lleva en prisión domiciliara por ese caso nunca ha podido ir al médico para darle seguimiento a su salud.
La exfuncionaria dijo que en el año 2020 fue a su médico y le practicó una biopsia en los senos para determinar si hay enfermedad cancerígena, y que hasta el día de hoy no ha podidito continuar con ese tema sanitario.
“Yo nunca he venido a los tribunales a decir mis problemas de salud, nunca he solicitado un permiso para estos fines”, en estos tres años que llevo en prisión yo no he podido hacerme una revisión”, expresó.
Dijo que las recomendaciones médicas eran que se haga una revisión en ambas mamas cada seis o nueve meses.
Magaly Medina se expresó en esos términos durante un turno de defensa ante la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde junto a Fernando Rosa, buscan que el tribunal los liberes del arresto domiciliario que cumplen por su implicación en este caso.
En otro orden, Magaly aseguró que» tengo mil razones para mantenerme asistiendo a este proceso, una de ella, por supuesto es mi inocencia y otro es rescatar el honor y la dignidad que fue tirada al lodo» y de «la manera «vil que lo hicieron».
Fernando Rosa
Mientras que al hacer uso de la palabra, Fernando Rosa, en medio del llanto, solicito que su caso sea «aclarado”, reiterando que es inocente.
«Todo lo que se hizo en la institución que yo trabajaba fue correctamente, por lo tanto soy inocente», aseguró.
Rosa manifestó que tienes dificultades financiera, afirmando que lo único que tiene en dinero es la prestación laboral que le dio el Gobierno de Luis Abinader.
En este momento los jueces liberan para analizar si existen argumentos para variar el arresto domiciliario a ambos imputados y ordenar libre tránsito durante el proceso de juicio de fondo contra los encartados.
El órgano del sistema judicial acusa a más de 40 personas físicas y jurídicas y los imputas de estafar al Estado con casi 5 mil millones de pesos
