EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante la acusación que analiza en audiencia este domingo el Ministerio Público en contra de 10 encartados en la Operación Anti Pulpo, los fiscales determinaron que quien fuera vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER), Carmen Magaly Medina, ordenaba a la encargada de compras de la institución a favorecer únicamente a las empresas de Alexis Medina en los procesos de licitación.
«Según nos confirmó la encargada de compras, Juana De los Santos, Carmen Magaly daba instrucciones precisas de a quién contactar y a quién llamar. Por tanto, los expedientes llegaban prehechos y Carmen Magaly sólo tenía que firmar», determinaron los fiscales.
Asimismo, las autoridades de la Procuraduría revelaron que en los procesos de compras todas las empresas que participaban eran de Alexis Medina. Según explicaron, en los procesos de licitación del FONPER se presentaban al menos siete cotizaciones de empresas distintas (todas bajo la dirección de Alexis) y esto permitía «que se viera como un proceso transparente donde estaban participando muchas empresas, pero todas eran del mismo dueño».
En ese sentido, los dirigentes del Ministerio Público continuaron disparando en contra de Carmen Magaly Medina al decir que desde sus funciones administrativas la exfuncionaria no publicaba las licitaciones, «lo que le permitía adjudicar las obras de manera directa».
En la lectura y análisis de la acusación, los fiscales aseguraron que el FONPER erogaba fondos para remozar panaderías del país por recursos ascendentes a más de $13 millones de pesos. Esto se hacía, según sostuvo la Procuraduría, para favorecer al entramado familiar encabezado por Alexis Medina.
Como expresó el Ministerio Público, todas las empresas eran comandadas por Alexis Medina y, como agregaron, las mismas cambiaban de accionistas y de representación en función de los negocios que efectuarán con instituciones del Estado.
Alegadamente, estas empresas no figuraban con empleados, como determinó el Ministerio Público, ni tenían subalternos cotizantes ante la Tesorería de la Seguridad Social, según informó el Ministerio Público.
