Por primera vez en décadas, la lucha contra la corrupción en la República Dominicana deja de ser un discurso y se convierte en una política de Estado con resultados concretos, independencia institucional y consecuencias reales.
La historia política dominicana ha estado marcada por una constante difícil de ignorar: la tolerancia a la corrupción y la protección desde el poder. Durante décadas, la impunidad fue una práctica normalizada, sostenida por silencios cómplices y estructuras políticas que blindaban a los suyos. En ese contexto, la gestión del presidente Luis Abinader representa una ruptura histórica que merece ser analizada con objetividad y memoria.
Desde su llegada al poder, Abinader asumió una postura poco común en la tradición política nacional: no interferir, no encubrir y no detener los procesos judiciales cuando estos alcanzan a funcionarios o exfuncionarios vinculados al poder. Esta actitud no se ha quedado en el plano discursivo. Por primera vez en muchos años, el Ministerio Público ha operado con una independencia real, llevando ante la justicia casos de corrupción administrativa sin distinción de apellidos, cargos ni afinidades políticas.
Para comprender la dimensión de este momento, es necesario mirar hacia atrás. En 1963, durante el breve pero trascendental gobierno del profesor Juan Bosch, se produjo un hecho excepcional en la historia republicana. Bosch marcó un precedente histórico al permitir que la justicia actuara contra Víctor Gil, un funcionario de su administración, demostrando que la ética pública debía estar por encima de cualquier lealtad personal o conveniencia política. Aquella decisión, adelantada a su tiempo, no volvió a repetirse con la misma claridad en las décadas posteriores.
Desde entonces, la norma fue otra: protección mutua, encubrimiento institucional y una cultura de impunidad que erosionó la confianza ciudadana y debilitó la credibilidad del Estado. Por eso, el valor del momento actual no radica únicamente en los procesos judiciales en curso, sino en los resultados concretos que estos han generado para el país.
Como consecuencia directa de las acciones impulsadas por el Ministerio Público en el marco de esta lucha contra la corrupción, el Estado dominicano ha logrado recuperar más de 6,500 millones de pesos, recursos que anteriormente habían sido sustraídos del patrimonio público. Esta recaudación no solo representa un alivio económico, sino también un mensaje claro a la sociedad: la corrupción puede ser perseguida, sancionada y revertida en favor del interés colectivo.
El presidente Abinader no ha asumido el rol de juez ni ha utilizado la justicia como herramienta de persecución política. Por el contrario, ha respetado la separación de poderes y ha permitido que las instituciones funcionen conforme al marco constitucional, aun cuando los procesos judiciales han tocado a sectores políticamente sensibles. En un país acostumbrado al presidencialismo protector, esta conducta resulta disruptiva y, para algunos, incómoda.
La impolutez de un presidente no se mide únicamente por su conducta personal, sino por su disposición a permitir que la ley alcance a todos por igual. En ese sentido, Luis Abinader ha asumido un rol que lo coloca, en términos éticos e institucionales, en una línea histórica comparable con el intento de Juan Bosch por dignificar el ejercicio del poder público.
La República Dominicana no necesita presidentes infalibles, pero sí gobernantes que no utilicen el poder para encubrir la corrupción. En ese desafío, el país vive hoy un momento que será evaluado por la historia no por consignas partidarias, sino por su impacto real en la cultura institucional, democrática y moral de la nación.
Por Kary L. Ramírez A.