El reciente reconocimiento otorgado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) al gobierno del presidente Luis Abinader representa un hito importante en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Este gesto no solo valida los esfuerzos del Estado dominicano por reforzar los mecanismos de control, interdicción y persecución de redes criminales, sino que también coloca al país como un socio confiable en el marco de la cooperación internacional. En un contexto regional marcado por el incremento de rutas ilícitas, la República Dominicana ha demostrado voluntad política para enfrentar con firmeza un fenómeno que amenaza la estabilidad democrática.
La política exterior dominicana ha mostrado madurez al fortalecer la colaboración con organismos multilaterales y agencias extranjeras, en consonancia con los principios del Derecho Internacional y la diplomacia contemporánea. La coordinación con la DEA, INTERPOL y otras entidades reafirma que la lucha contra el crimen transnacional requiere sistemas judiciales transparentes, protocolos de extradición funcionales y una institucionalidad robusta. Como decía el jurista Louis Henkin: “La ley internacional es la arquitectura que mantiene a las naciones unidas en la búsqueda del orden.” Bajo ese enfoque, el Estado dominicano ha mostrado avances significativos, especialmente en la cooperación efectiva para desmantelar estructuras criminales que operan más allá de sus fronteras.
Sin embargo, este reconocimiento también contrasta con situaciones vividas dentro de algunos partidos del sistema, especialmente el Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización en la que se han registrado casos aislados de miembros vinculados a actividades ilícitas y posteriormente extraditados por narcotráfico. No obstante, a diferencia de otras agrupaciones políticas, el PRM ha sido categórico y público en su postura: no apoya, encubre ni respalda ningún tipo de conducta relacionada con el crimen organizado. Sus principales autoridades han reiterado su compromiso con la transparencia, la justicia y la tolerancia cero frente a estos delitos. Aun así, desde el punto de vista comunicacional, el partido ha dejado escapar una oportunidad estratégica: no capitalizó adecuadamente el reconocimiento de la DEA al gobierno, mientras la oposición sí ha sabido amplificar los casos de miembros vinculados a hechos delictivos. Esta desproporción mediática evidencia una debilidad en la gestión comunicacional del oficialismo que merece ser revisada.
Hoy, más que nunca, los partidos políticos están llamados a actuar conforme al deber ético que demanda la democracia moderna, y a ser coherentes con el marco jurídico internacional que guía el combate al crimen organizado. Si la República Dominicana aspira a consolidarse como un referente de cooperación, transparencia y seguridad hemisférica, las estructuras políticas deben alinearse a esa visión, desterrando complicidades y promoviendo la integridad como norma. Porque la lucha contra el narcotráfico no es solo un compromiso del Estado: es una responsabilidad colectiva que exige coherencia, valentía y, sobre todo, verdad.
Por América Pérez
Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo
Magíster en Diplomacia y Derecho Internacional